En la historia de la humanidad, hay incontables ejemplos de la incipiente necesidad del individuo por perpetuarse en el poder. Desde los antiguos imperios hasta la contemporaneidad de los conflictos geopolíticos en Europa del Este, la avaricia, el hambre de poder y la necesidad de dominación invaden las esferas públicas con “líderes” que no buscan más que el alcance de sus propios objetivos y el logro de sus agendas personales.
Con base en esto, los esfuerzos por legitimar un mandato se vuelven indispensables para justificar acciones, decisiones y movimientos políticos, económicos y sociales. A pesar de que la introducción de la figura de revocación de mandato es relativamente nueva en el Derecho Constitucional comparado, los mecanismos para justificar invasiones, dictaduras, militarizaciones y sucesiones plagaron los escenarios políticos del siglo XX y en lo que va del siglo XXI, siguen siendo un ejercicio muy socorrido por aquellos que buscan manipular los sistemas de representación y acabar con los genuinos ejercicios democráticos y de participación ciudadana.
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Si bien es cierto que la participación ciudadana en los ejercicios de revocación de mandato busca fortalecer la gobernabilidad, la gobernanza y la legitimación, no se debe pasar por alto el contexto en el que históricamente se han convocado engañosamente ejercicios de ratificación, promocionando entre la ciudadanía el discurso de la validación de un régimen que pretende incrustarse en el poder argumentando continuidad. El aprendizaje que ha dejado la historia en este tipo de ejercicios es el inicio de dictaduras, gobiernos autoritarios y militares que logran su permanencia en el poder pasando por alto los ordenamientos constitucionales y los principios generales del derecho ciudadano.
La revocación de mandato, entonces, no debe confundirse en ninguna circunstancia con la ratificación; pues en el primer caso se busca ejercer el derecho ciudadano a un gobierno legítimo, que le represente y cumpla cabalmente sus responsabilidades y compromisos por lo que se revoca el mandato a quienes incumplen e incluso constituyen un obstáculo para el desarrollo de la ciudadanía mientras que, en el segundo caso, lo que se pretende es obtener la justificación y el argumento que le permita a un gobierno extender su mandato como una aparente expresión ciudadana.
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En todos los casos documentados en la historia a este respecto, no se pueden olvidar las devastadoras consecuencias para el Estado de Derecho, las instituciones, las libertades y garantías individuales; basta con recordar los casos de Argentina, Bolivia, Colombia, Cuba, Venezuela, Ecuador o Perú para saber que el golpe a las instituciones y la polarización derivada de la narrativa en torno a la revocación de mandato han dejado países fragmentados y sumergidos en una espiral de problemas políticos, económicos y sociales que parecen interminables.
El problema no es la revocación como ejercicio de participación ciudadana, sino la manipulación de la ciudadanía para validar desde el poder intereses velados y una agenda política contraria a las necesidades reales y legítimas del grueso de la población.
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