Notimex. – Estados Unidos publicó hoy su Informe sobre Derechos Humanos 2019, en el cual criticó nuevamente los abusos cometidos contra la población civil en Irán, China y Corea del Norte, y describió como terrible la situación de los derechos en Venezuela y Nicaragua. El informe fue presentado este miércoles por el secretario estadunidense de Estado, Mike Pompeo, quien destacó que este documento expone la violación de los derechos humanos que se cometen todos los días en muchas partes del mundo, y reiteró la advertencia de que los perpetradores “pagarán un precio”. En general, el reporte estadunidense hace referencia a ejecuciones, homicidios, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, torturas, encarcelamiento de opositores o de quienes piensan diferente, restricciones a la libertad de expresión, de manifestaciones, de participación política, y censura. Irán es uno de los países donde se cometen abusos a los derechos que incluyen ejecuciones por delitos no considerados como “muy graves”, homicidios ilegítimos y arbitrarios, desapariciones forzadas y torturas por parte de agentes estatales, señala el reporte, que documenta las violaciones cometidas durante 2018. El informe afirma que el historial de derechos humanos del gobierno de Irán siguió siendo extremadamente pobre y empeoró en varias áreas y refiere principalmente ejecuciones por delitos que no cumplen con la norma legal internacional de “delitos más graves” y sin juicios justos. Refiere que el régimen iraní mató a más de 20 personas y arrestó a miles sin el debido proceso, solo por protestar por sus derechos el año pasado, además prohibió a la prensa cubrir las manifestaciones, lo que muestra que “continúa el patrón de crueldad” infligido al pueblo de ese país en las últimas cuatro décadas. China, “que está en una liga propia cuando se trata de violaciones de derechos humanos”, intensificó su campaña contra grupos minoritarios musulmanes en niveles récord, pues más de un millón de uigures, kazajos étnicos y otros están en campos diseñados para borrar sus identidades religiosas y étnicas, dice el reporte. Añade que el gobierno también está incrementando su persecución contra cristianos, tibetanos y cualquier persona que defienda puntos de vista diferentes a los gubernamentales o que favorecen el cambio. Respecto a Corea del Norte, el informe refiere violaciones de derechos humanos por parte del régimen del líder Kim Jong-un, aunque sin aludir a ellas como “graves”, como lo habían descrito reportes anteriores. Sin embargo, menciona cuestiones como homicidios ilegítimos y arbitrarios por parte del gobierno, desapariciones forzadas, torturas, detenciones arbitrarias, y centros de detención, incluidos campos de prisioneros políticos, en donde las condiciones son duras y amenazantes para la vida. Además, hay controles rígidos sobre muchos aspectos de la vida de los ciudadanos, incluida la interferencia con la privacidad, la censura, la injerencia sobre los derechos de reunión pacífica y libertad sindical, restricciones de las libertades religiosa, de movimiento, de participación política y trabajo. En América Latina, el informe señala que en Venezuela, que es formalmente una república constitucional multipartidista, el poder político se ha centrado en una solo partido con un Ejecutivo cada vez más autoritario que ejerce un control efectivo sobre el Legislativo y el Judicial, así como sobre las fuerzas de seguridad. Así, en 2018 se registraron ejecuciones extrajudiciales por parte de las fuerzas de seguridad, torturas, detención de presos políticos, se restringió la libertad de expresión y de prensa al bloquear rutinariamente las señales de televisión, radio y otros medios de propiedad privada. La difamación, la incitación y los informes inexactos son sujetos a sanciones penales; se utilizó la violencia para reprimir manifestaciones, se bloqueó la participación política en elecciones presidenciales que no fueron libres ni justas; y se produjo corrupción e impunidad generalizadas. Por otra parte, el informe alude a la situación de los derechos humanos durante la crisis sociopolítica que desde hace casi un año vive Nicaragua, donde el poder autoritario ejerce un control total sobre las funciones ejecutivas, legislativas, judiciales y electorales, así como sobre la policía y el ejército. El gobierno además permite la actuación impune de grupos paramilitares que actúan en coordinación con las fuerzas de seguridad del gobierno para reprimir las protestas contra el presidente Daniel Ortega, lo que ha derivado en el uso de francotiradores contra ciudadanos que se manifiestan. Más de 325 muertos, más de dos mil heridos, cientos de personas detenidas ilegalmente y torturadas, más de 52 mil exiliados, incluidos periodistas y líderes de grupos sociales, es el saldo de la violenta represión contra quienes son percibidos como oposición y son criminalizados por exigir democracia y libertad. El informe, que presenta la evaluación de las prácticas de aproximadamente 200 países y territorios, afirma que los derechos humanos se deterioraron notablemente durante el año en muchas regiones. Puedes leer: Viena sigue siendo la mejor ciudad para vivir y Caracas se desploma en ranking

 

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