Reuters.- Leonardo, de 10 años, no había visto a su mamá hace algunos veranos. Al salir de Guatemala junto a su tía y su pequeña prima, él esperaba poder reunirse finalmente con su madre, Emiliana, en California.
El 23 de febrero, sin embargo, bajó sin compañía por una escalera mecánica del aeropuerto de Los Ángeles hacia el esperado reencuentro. Después de que su madre Emiliana lo abrazó con lágrimas en su rostro, la primera pregunta de Leonardo fue: “¿Por qué no están aquí mi tía Rosa y mi prima?”.
Mientras el gobierno del presidente Joe Biden lidia con la forma de albergar a miles de menores no acompañados que cruzan la frontera entre Estados Unidos y México, activistas dicen que poner fin a la práctica de separar a niños como Leonardo de los familiares que los cuidan ayudaría a reducir el hacinamiento bajo custodia gubernamental.
Según la ley de inmigración de Estados Unidos, las familias se definen estrictamente como los niños y sus padres o tutores legales.
Los niños separados de abuelos, tías, hermanos mayores y otros familiares se consideran como “no acompañados” y se envían a albergues u hogares de acogida supervisados por el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, por su sigla en inglés) hasta que puedan ser entregados a un patrocinador certificado, generalmente uno de los padres o un familiar cercano.
Activistas que defienden los derechos de los inmigrantes dicen que las separaciones son, en muchos casos, innecesarias. Argumentan que miles de niños podrían permanecer fuera del sistema de albergues si fueran liberados con los familiares que los acompañan para realizar el proceso de solicitud de asilo en Estados Unidos.
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Separaciones
Desde noviembre, un puñado de grupos sin fines de lucro que trabajan con niños no acompañados han recopilado cifras que muestran que entre el 10% y el 17% de los niños bajo custodia fueron separados de sus familiares, según tres personas informadas de los datos, quienes solicitaron el anonimato para discutir estimaciones internas.
Las cifras no se han hecho públicas antes y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por su sigla en inglés) de Estados Unidos dijo a Reuters que no guarda registro de tales separaciones.
Aproximadamente 11,900 niños estaban en albergues del HHS y casi 5,800 niños estaban bajo la custodia de la patrulla fronteriza al 28 de marzo. Para reducir el hacinamiento, el gobierno está ampliando rápidamente los refugios de emergencia y revisando bases militares para albergar a niños migrantes.
Grupos de defensa de los derechos de los inmigrantes están trabajando en una disposición que esperan que se incluya en el próximo proyecto de ley de gastos del gobierno de Estados Unidos, que financiaría los centros de recepción donde los niños podrían permanecer con familiares que no sean sus padres y ser evaluados por expertos en bienestar infantil para su liberación, según un borrador revisado por Reuters.
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Si bien es demasiado pronto para decir si la propuesta se convertirá en ley, Biden ha contratado a miembros de la comunidad de activistas como asesores de inmigración y su gobierno los consulta con frecuencia.
Salvador Zamora, un exfuncionario de CBP que se jubiló en diciembre, se preguntó cómo funcionaría un centro de este tipo en la práctica. Verificar la nacionalidad e identidad de una persona que llega a la frontera requiere mucho tiempo, dijo.
El proceso involucra a consulados del país de origen de los migrantes que enfrentan con gran número de consultas y a menudo deben enviar funcionarios al municipio de donde dice ser la persona. “¿Cómo verificamos la identidad, la nacionalidad, y mucho menos la relación familiar en un período de tiempo razonable?”, preguntó.
Sin lugar a dónde ir
Cuando las autoridades estadounidenses separaron a Leonardo y lo enviaron a un refugio en Nueva York, expulsaron a su tía Rosalina –en ese momento embarazada de 8 meses– y a su prima Marisol a México.
La política utilizada para expulsarlos, una norma de salud pública del gobierno de Trump conocida como Título 42, se implementó en marzo de 2020. Biden ha mantenido la aplicación de la norma, aunque ha eximido a los menores no acompañados.
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Cuando Rosalina fue expulsada, se desmayó en una calle cercana al puente internacional en Ciudad Juárez, México.
“No tenía idea de dónde estaba, no tenía idea de a dónde ir”, dijo Rosalina en una entrevista desde un albergue mexicano donde se hospeda después de dar a luz a su bebé recientemente. Dijo que huyó de Guatemala con Leonardo y Marisol tras un brutal asalto y que teme volver.
La familia pidió ser identificada por sus nombres de pila por temores sobre su seguridad y para no afectar sus solicitudes de asilo.
Yliana Johansen-Méndez, directora de servicios legales del Immigrant Defenders’ Law Center en Los Ángeles, dijo que alrededor del 16% de los 327 niños no acompañados entrevistados por su organización entre diciembre y el 24 de marzo habían viajado con familiares que fueron expulsados bajo el Título 42. Algunos no tenían otros patrocinadores potenciales en Estados Unidos, sostuvo.
Los familiares que viajan con los niños a menudo los han criado durante años y son “padres psicológicos”, dijo Amy Cohen, psiquiatra infantil y directora ejecutiva de la organización sin fines de lucro Every.Last.One, que ayuda a que los niños sean liberados de la custodia. La separación de estos adultos es “tan dolorosa, tan dañina” para los niños como la separación de su madre o su padre, afirmó.
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