Que el Ejecutivo y el Legislativo cumplan con lo que es su obligación, y que se olviden de querer quedar bien con unos pocos a cargo de todos.

 

Parece una decisión tomada y que genera consenso entre autoridades del gobierno federal y legisladores de los principales partidos: rescatar a los ahorradores defraudados por Ficrea, con dinero público. Preocupa porque, en el fondo, es un hecho que se va a recurrir a toda clase de eufemismos para ocultar la innegable realidad: a final de cuentas seremos los contribuyentes los que tendremos que reparar el daño a un grupo de ahorradores privados, y no sólo los presuntos responsables de la comisión del delito, como debería ser.

La posición de los defraudados es más que comprensible, pues se conocen historias estremecedoras de gente que puso en esta sociedad financiera los ahorros de toda una vida. Pese a ello, el fisco no tiene por qué ser el que pague los platos rotos. Que cada uno asuma su responsabilidad.

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Ahora bien, el problema es sobre todo para quienes tenían en Ficrea fondos que sobrepasan el límite que la Ley de Ahorro y Crédito Popular (LACP) les establece como garantía gracias a su Fondo de Protección. Según el Artículo 105 de dicha ley, el Fondo cubrirá los depósitos hasta por un equivalente a 25,000 Udis por persona física o moral; esto es poco más de 131,000 pesos a la fecha en que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) le retiró la autorización para operar como Sofipo, hace un mes.

La prueba de que hay consenso para este “rescate” se consumó la semana pasada durante la Tercera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del Congreso, en la que participaron también los titulares de la CNBV, Jaime González Aguadé; de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), Mario Di Costanzo, y de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, Alberto Bazbaz. Ahí, senadores y diputados propusieron la creación de un grupo de trabajo tripartito –que incluya una representación de los defraudados, autoridades y legisladores– para reformar la LACP y ampliar el monto de cobertura del Fondo de Protección.

El senador Javier Lozano Alarcón dijo que se pretende que del 80 al 90% de los ahorradores defraudados queden cubiertos con las reformas legales que propondrán en el siguiente periodo ordinario de sesiones. Se aplicaría, así, un beneficio –pues nunca los veremos pronunciar la palabra “rescate”– retroactivo para los ahorradores, pues el principio constitucional de no retroactividad sólo aplica cuando se da en perjuicio de alguna persona, no a su favor.

No obstante, lo que no dice ningún legislador es que sería, sí, un perjuicio retroactivo para los contribuyentes. A pesar de que en sus declaraciones el senador panista asevere que “qué bueno que también se ha aclarado, que no es necesariamente que los contribuyentes son los que le hacen frente a un seguro de depósito, sino que son cuotas de las propias sociedades financieras populares”, la realidad es muy distinta.

El Artículo 101 de la LACP es muy claro, pues en su Fracción I señala que son patrimonio del Fondo de Protección “Las aportaciones que el Gobierno Federal efectúe”. Dicho de otro modo, sus recursos, en primer término, están compuestos por dinero del fisco, y después, por las  cuotas mensuales ordinarias de las Sofipos con base en su Nivel de Capitalización y sus pasivos totales. De manera que cualquier ampliación “a lo que tenga que ser, 50,000, 60,000 (Udis)” como afirma Lozano, implica, por fuerza, que parte de nuestros impuestos iría a salvar operaciones fraudulentas cometidas por un particular. El gobierno federal, entonces, no sólo aportaría, como dice el senador panista, el “faltante” en caso de que el Fondo de Protección fuese insuficiente.

De hecho, por ejemplo, según el Balance General del Fondo de Protección al cierre del ejercicio 2013 –el último disponible en el portal prosofipo.org.mx, el rubro Inversiones Aportación Gobierno Federal representó casi 38% del total de sus activos. Aunque este porcentaje hubiese variado al corte de 2014, el punto central es que hay en todo momento recursos públicos.

No está claro si el senador Lozano ignora la ley o dice medias verdades para tratar de convencernos de que no estamos, otra vez, salvando a particulares con cargo al erario. Pero lo cierto es que en esta materia, como en el de corrupción, no hay “poquitos”, y no se vale que ningún poder o partido, solos o en conjunto, quieran aparecer como benefactores. No se debe ser generoso utilizando el dinero ajeno; que pague quien tiene que pagar: el defraudador o defraudadores.

Por eso debemos exigir que con el marco legal actual, se recupere el máximo capital posible. Desgraciadamente, como ya reconoció el propio González Aguadé, los activos recuperados serán insuficientes para pagar de forma íntegra a la totalidad de los defraudados. No hay esperanza alguna de que cualquier aportación gubernamental se pudiera recuperar. En estos casos siempre se sale perdiendo.

Asimismo, si hay autoridades que cometieron errores u omisiones –como actuar de manera tardía–, que se deslinden las responsabilidades correspondientes de acuerdo con la ley y/o que sean removidos de sus cargos. Del otro lado, que se vaya tras de todos aquellos cómplices de este delito para que no quede impune, como muchos otros. En pocas palabras, que el Ejecutivo y el Legislativo cumplan con lo que es su obligación, y que se olviden de querer quedar bien con unos pocos a cargo de todos.

 

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