No fue “malo” el nombramiento de Ernestina Godoy Ramos como nueva fiscal General de Justicia en la Ciudad de México, sino que el procedimiento no fue el adecuado, dice Luis Daniel Vázquez Valencia, experto en proceso políticos de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso).

La nueva fiscal tiene una trayectoria llamativa y una historia propia, sin embargo lo que es lamentable es que no tengamos procesos abiertos, transparentes y participativos de los nombramientos” de esta índole”, detalló.

Este martes Godoy Ramos, titular de la Procuraduría General de Justicia (PGJ) de la CDMX, tomó protesta como nueva Fiscal local en el Congreso de la Ciudad de México, luego de que la Comisión de Administración y Procuración de Justicia diera su visto bueno en 11 minutos.

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Previo a su participación en la terna, la bancada de Morena impulsó una serie de cambios en los requisitos para postularse en dicho cargo. Modificaron el artículo 44 de la Constitución local para reducir de 3 a 1 año el tiempo necesario de no haber desempeñado un cargo de elección popular o en un partido político, ya que Godoy Ramos pidió licencia como diputada de la CDMX en diciembre de 2018.

En la terna para fiscales no deberían de participar quienes ya fueron procuradores, ya que lo que se busca son procesos que garanticen la autonomía política, señaló el experto de Flacso.

En el caso de la CDMX fue “buena noticia” que se formara un consejo ciudadano para elegir dicha terna, el cual estaba integrado por “personas interesantes” como Ana Laura Magaloni, ex aspirante a ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como Edgar Cortés, defensor de derechos humanos, subrayó.

Por un verdadero esfuerzo

Desde 2014 se inició un proceso de refundación del sistema de justicia federal y local, para convertir a las procuradurías en fiscalías y así dotarlas de autonomía, para combatir la impunidad en el país, relató Váquez Valencia

“México tiene alrededor de 35 millones de delitos al año y de estos,  99% se mantienen en impunidad”. Son muchas las razones por las cuales se da este problema, pero una de ellas es porque las fiscalías están atadas de corrupción de abajo para arriba.

“(Por ejemplo) cuando son capturadas por redes desde macrocriminalidad y los criterios para decidir qué se investiga y que no son criterios abiertamente políticos”, delineó el experto.

La idea era refundar las fiscalías, abundó, no cambiarles el nombre, “que todas las personas que trabajan en la procuraduría no pasen automáticamente a la fiscalía, sino que haya un proceso de limpieza” para saber que servidores públicos sí hacen su trabajo.

“También para generar procesos participativos y transparentes del nombramiento de las nuevas o nuevos fiscales, que sean independientes de los gobernadores”, puntualizó.

Ni con mil reglas

“Podemos inventar un montón de procedimientos” para la elección de un fiscal autónomo, pero sin importar el partido “la clase política siempre encuentra cómo darle la vuelta para nombrar a su compadre”, aseguró el experto.

Se requiere que cambie la cultura de la clase política mexicana, “siguen pensando que es elemental mantener el control de los sistemas de justicia”, se sienten amenazados si no lo tienen, detalló.

Vázquez Valencia refirió sobre la necesidad de nombramiento más prolongados, así como la inclusión de la sociedad civil en el proceso, para que ésta intervenga desde el inicio y ayude a determinar cuál es el mejor perfil para el puesto.

“(Se requiere que a la sociedad civil) se le permita participar en el proceso de auscultación y de un evaluación más objetiva con indicadores” para medir la capacidad de los participantes, sentenció.

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