Tanto la Fiscalía General de la República (FGR) como las autoridades estatales tienen capacidad para resolver la comisión de delitos contra defensores de derechos humanos y periodistas, señaló este miércoles la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas en México (ONU-DH).
Estas dependencias sí tienen capacidad “para realizar investigaciones conforme a los principios generales de debida diligencia”, según las conclusiones del informe “Buenas prácticas y desafíos en la investigación de delitos cometidos contra personas defensoras de derechos humanos y periodistas” presentado este día por la ONU-DH.
Sin embargo, explicó Jesús Peña Palacios, representante adjunto en México de la ONU-DH, no siempre se conjugan los recursos, las competencias y la voluntad necesaria para investigar, juzgar y sancionar este tipo de delitos.
En el informe, detalló, no buscan patrones generalizados, sino que realizaron análisis profundos de algunos casos considerados representativos del universo de delitos contra defensores y periodistas.
Tres de los casos son de desapariciones, tres de homicidios y tres de amenazas, los dos primeros tipos de delito fueron seleccionados por su gravedad y el tercero por ser el más común.
A partir de diversas fuentes, como las propias carpetas de investigación y entrevistas a víctimas y funcionarios implicados en las investigaciones, el informe pretende realizar una crítica constructiva al hallar buenas y malas prácticas.
Algunas buenas prácticas son, por ejemplo, la inspección en lugar de los hechos, la obtención de videograbaciones, la elaboración de análisis de contexto, la participación de víctimas y familiares, o el otorgamiento de medidas cautelares; aunque no se reproducen en los nueve casos.
Las conclusiones, además de detallar que sí existe capacidad en las fiscalías, entre otras, detallan que en la mayoría de los casos no hay “priorización y agotamiento de las líneas de investigación relacionadas con la labor periodística o de defensa de los derechos humanos”.
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El informe termina con 16 recomendaciones dirigidas a las 36 fiscalías del país, a las que la ONU-DH también ofrece asistencia técnica, entre las que destacan: incluir como obligación específica cuando la víctima ejerce el periodismo o la defensa de derechos humanos, el agotamiento de la línea de investigación sobre los intereses que podría afectar su labor.
Asimismo, asegurar la publicación de indicadores de desempeño por parte de las fiscalías a través de un informe anual sobre casos en investigación, acusaciones, sentencias u otras salidas procesales “que permita que los datos desglosados sean analizados a nivel nacional para desarrollar políticas públicas integrales con enfoque de prevención”, indicó Peña.
También garantizar la participación de sobrevivientes y familiares de víctimas en las investigaciones y brindarles información sobre avances y darles acceso a la carpeta de investigación completa.
Por último, entre otras recomendaciones, destacaron la necesidad de identificar y compartir buenas prácticas a través de recopilaciones por tipo de delito.
“El combate a la impunidad no depende solo de las fiscalías, sino que es importante el reforzamiento de las mismas, pero será insuficiente si no se acompaña de otras medidas tendientes a la creación de una política pública integral para el respeto, protección y prevención, asimismo como la justicia para quienes ejercen el periodismo y la defensa de derechos humanos”, concluyó Peña.
De enero de 2019 a septiembre de 2023, ONU-DH documentó 41 asesinatos a periodistas, 6 trabajadores de medios de comunicación y 91 defensores de derechos humanos en posible relación con su labor, además de 13 víctimas de desaparición.
Con información de EFE
