Por Juan Jung*

Las profundas transformaciones ocurridas en el ecosistema digital durante la última década obligan a una revolución normativa del sector, con un enfoque nuevo, que permita que todos accedamos a las oportunidades que brinda la conectividad. La actual era de la convergencia de las telecomunicaciones requiere que los Estados doten al sector de un marco regulatorio adecuado al contexto actual, en beneficio de sus ciudadanos y de cara a impulsar su desarrollo económico.

Los mercados de servicios de telecomunicaciones se transformaron a partir de la irrupción del fenómeno de la convergencia, sin embargo, muchas de las regulaciones del sector permanecen ancladas en un momento anterior. Años atrás, cada servicio tenía una red o plataforma de provisión asociada, esto es historia.

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Hoy en día el avance tecnológico permite ofrecer múltiples servicios desde múltiples plataformas, y los consumidores son los grandes beneficiados al contar con una oferta cada vez más amplia. Los hábitos de consumo de los usuarios han experimentado notables cambios, y la distinción entre servicios de telecomunicaciones y servicios provistos por Internet es prácticamente irrelevante ante sus ojos. Para los consumidores, lo importante de un servicio de voz, de mensajería, o audiovisual es la necesidad que satisface, no la plataforma desde la cuál es provisto. Así, tenemos servicios digitales que satisfacen necesidades similares, y son los usuarios quienes eligen libremente en función de sus preferencias e intereses. Esta tendencia se ha venido profundizando en los últimos años, notablemente para los servicios de mensajería, y cada vez más para los servicios de voz y audiovisuales.

Esta realidad ha supuesto beneficios para los usuarios en materia de innovación, oferta y competencia, pero es necesario reconocerla para entender que, desde el punto de vista del funcionamiento de la economía, esto genera distorsiones en los mercados, en tanto que los operadores de telecomunicaciones están compitiendo con nuevos agentes capaces de prestar servicios similares, pero lo hacen con una regulación obsoleta que no reconoce estas transformaciones. Esta situación dificulta el desarrollo competitivo del sector, y amenaza con restringir inversiones e innovación a lo largo del ecosistema digital. Es imprescindible que la confección de políticas y marcos normativos aplicables al sector considere esta realidad para poder garantizar el adecuado desarrollo de una industria crucial en materia de productividad, crecimiento económico, y calidad de vida.

Las importantes inversiones del sector de las telecomunicaciones en América Latina en los últimos años, fruto de la dinámica competitiva y del fuerte compromiso de la industria con el desarrollo de los países, han permitido la expansión acelerada de internet a través de redes robustas consideradas la mejor infraestructura de servicios que posee la región, habiendo protagonizado la mayor revolución tecnológica que nuestra generación ha vivido. Sin embargo, necesitamos un esfuerzo adicional si queremos contar con niveles de conectividad a la altura de los países más desarrollados. En concreto, tal como estima el último informe del Centro de Estudios de Telecomunicaciones de América Latina, ‘Nuevo Marco Regulatorio para la Convergencia’, se requiere un esfuerzo inversor de 161,000 millones de dólares hasta 2025 para que la región pueda contar con cobertura 4G en el 95% del territorio y 6 de cada 10 hogares con fibra óptica. Se trata de un esfuerzo económico superior a las previsiones tendenciales, por ello solo es posible que sea llevado a cabo en un nuevo entorno regulatorio e institucional que acompañe y genere los incentivos adecuados.

Este desafío requiere adaptar los marcos normativos a la realidad de la convergencia y resolver las distorsiones y asimetrías existentes, entre otras cosas, para crear las condiciones adecuadas que permitan llevar a cabo las inversiones necesarias. Para ello, el nuevo contexto convergente demanda regulaciones que se basen en el principio de neutralidad tecnológica. Es decir, aplicables sobre la base de servicios, no de tecnologías. En definitiva, los nuevos marcos regulatorios deberán tener como objetivo primordial incentivar la innovación, la inversión y el despliegue de infraestructuras, promover un entorno de competencia equilibrado a lo largo de todo el ecosistema digital, a través de un enfoque regulatorio liviano y flexible, que permita avanzar en la inclusión digital de la población.

Algunas medidas que las regulaciones de nueva generación deberían aplicar para maximizar el desarrollo del sector pasan por facilitar e incentivar la instalación y el desarrollo de redes; contar con las cantidades necesarias de espectro radioeléctrico, evitando priorizar la recaudación de corto plazo a la hora de su asignación; considerar el nuevo entorno competitivo en sus políticas de competencia; migrar los regímenes de concesión de licencias hacia esquemas de autorización o de permiso único para minimizar incertidumbres en los procesos de renovación; conformar órganos reguladores independientes y convergentes; promover la seguridad jurídica; y reducir las cargas fiscales que encarecen los servicios.

Los hacedores de política pública tienen ante sí el reto de diseñar las mejoras regulatorias que la industria y la región tanto necesitan, establecer una hoja de ruta para el desarrollo del sector durante la próxima generación sería un servicio histórico y decisivo para el desarrollo de América Latina.

 

El autor es director del Centro de Estudios de Telecomunicaciones de América Latina**

 

Las opiniones expresadas son sólo responsabilidad de sus autores y son completamente independientes de la postura y la línea editorial de Forbes México.

 

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