Por Héctor Galeano Inclán

Una de las principales fortalezas de la delincuencia organizada es su poder económico. Es por ello que en México y otros países del mundo se realizan esfuerzos para blindar, auditar y, en su caso, investigar las operaciones comerciales con la finalidad de cerrar el paso a la ilegalidad.

En México, desde hace unos años contamos con la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, que busca impedir el procesamiento de las ganancias derivadas de la actividad criminal para disfrazar su procedencia ilegal y permitir que los criminales gocen de estos recursos sin arriesgar su fuente de ingreso.

Los grupos delictivos evolucionan constantemente los mecanismos para el lavado de dinero; en consecuencia, la autoridad debe mantenerse al día para hacerles frente y buscar la colaboración de otros actores sociales como notarios, corredores públicos, agentes aduanales, agentes inmobiliarios y agencias de autos nuevos y usados, que estamos obligados a presentar avisos sobre las operaciones vulnerables que realizamos.

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Más allá de lo que estipula la Ley Antilavado y con el objetivo de consolidar la cooperación entre ambas instituciones, el 8 de abril de 2016 el Colegio Nacional del Notariado Mexicano (CNNM) y la Procuraduría General de la República (PGR) suscribimos un convenio de colaboración en materia científica para vincularnos académicamente en temas como la Ley Antilavado, los delitos derivados de ésta y su relación con la función notarial y el instrumento público notarial. El convenio servirá también como herramienta para dar seguimiento a los avances legislativos en esta materia.

En la firma del acuerdo, José Alberto Rodríguez Calderón, subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales de la PGR, señaló que el mismo ratifica el compromiso con la cultura de la legalidad en nuestro país y destacó la necesidad de frenar la constante evolución de las organizaciones delictivas.

La PGR y el CNNM, señaló, comparten la preocupación de que la delincuencia incorpore en sus métodos de operación innovaciones tecnológicas globales.

Frente a este fenómeno criminal, continuó, las instituciones de procuración de justicia deben prever esta circunstancia e incorporar nuevos conocimientos a las investigaciones y a la persecución de los delitos.

Para el notariado, la firma de este convenio es de suma importancia en virtud de que permitirá establecer mecanismos para buscar soluciones conjuntas en materia de combate a la delincuencia y establecer normas de interpretación de la Ley.

Además, instaura las bases para la colaboración académica entre ambas instituciones, un aspecto fundamental para el CNNM, pues la capacitación constante de nuestros asociados es una de nuestras principales tareas para asegurar un servicio notarial profesional y eficiente.

Prueba de ello es que inmediatamente después de la firma del convenio se llevó a cabo el 1º Seminario sobre los delitos derivados de la Ley Antilavado y la Función Notarial, en las instalaciones del Instituto de Formación Ministerial, Policial y Pericial, ubicadas en el municipio de San Juan del Río, Querétaro.

Con este convenio lanzamos un importante mensaje a la opinión pública en el sentido de que todas las instituciones tradicionales del Estado mexicano estamos aliadas en la construcción de un mejor Estado de derecho.


Notario Héctor Galeano Inclán es presidente del Colegio Nacional del Notariado Mexicano.

 

Contacto:

Correo: [email protected]

Twitter: @notariadomex

Página web: Colegio Nacional del Notariado Mexicano

 

Las opiniones expresadas son sólo responsabilidad de sus autores y son completamente independientes de la postura y la línea editorial de Forbes México.

 

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