Ante las elecciones intermedias de este año, los candidatos para puestos municipales y locales son los más vulnerables a ser atacados por grupos criminales o del crimen organizado, alertó Maria Elena Morera, presidenta de la organización civil Causa en Común.
En entrevista para Forbes México explicó que en este tipo de puestos gubernamentales es donde los grupos delincuenciales tienen oportunidad de posicionar candidatos, lo cual en la mayoría de las veces lo hacen a través de la violencia.
En ese sentido, hizo un llamado a las autoridades federales para que por medio de sus instrumentos de inteligencia estudien el perfil de los candidatos, para así evitar que alguno esté relacionado con conductas delictivas.
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Recordó que en 2015 envió al entonces Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) una serie de nombres que varios pobladores del estado de Morelos expresaron su preocupación por su presunta vinculación con el narcotráfico, sin embargo dijo que el órgano federal respondió con notas de prensa.
Este llamado se da luego de asesinato del ex gobernador de jalisco, Aristóteles Sandoval, a quien un comando armado le disparó en un bar de Puerto Vallarta el pasado 18 de diciembre de 2020.
Además de ello, el 12 de enero de este año también fue víctima de homicidio en Guanajuato el diputado local por Acción Nacional, Juan Antonio Acosta, quien se encontraba en el inicio de una campaña electoral.
Según datos de Causa en Común, durante 2020 se dieron al menos 75 asesinatos de funcionarios públicos y 59 de actores políticos.
Morera Mite insistió que el Instituto Nacional Electoral (INE) tiene una responsabilidad de mandar alertas al gobierno y a los partidos sobre algún riesgo en la elección; además que la administración federal tiene el deber de apoyar con mecanismos de protección a los vulnerables.
Recordó que Causa en Común presentó el “Informe Anual de Atrocidades 2020”, donde informaron sobre 5,380 atrocidades y 6,365 víctimas a través de 3,060 notas periodísticas.
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Explicó que este recopilado de material periodístico es una muestra de actos de extrema violencia en el país como masacres, torturas, calentamientos y demás.
En ese sentido, alertó que Guanajuato y Jalisco son los estados que llevan la delantera en ese rubro.
De acuerdo al estudio, las entidades con más atrocidades son Guanajuato con 369, Chihuahua con 238, Guerrero con 208, el Estado de México con 188, Puebla con 184 y Jalisco con 178.
A pesar de ello, los estados con mayor número de víctimas por estos hechos son Guanajuato con 1002, Jalisco con 816, Chihuahua con 419, Michoacán con 409 y Guerrero con 379.
Aunado a ello, el estado gobernado por Enrique Alfaro es quien cuenta con el mayo número de fosas clandestinas, el cual es de 499, según el reporte de la organización.
En cambio, la entidad dirigida por el panista Diego Sinhue concentra el mayor número de masacres, el cual es de 176, así como de víctimas menores de edad, el cual es de 46.
En el caso del Estado de México, fue la entidad con mayor número de atrocidades en contra mujeres, puesto que hubo al menos 25 casos de feminicidio por crueldad extrema, 25 de asesinato de niñas y adolescentes, así como 22 de trata de personas y 9 de calcinamiento.
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La presidenta de la organización civil insistió en que los gobiernos locales tienen una gran responsabilidad sobre los hechos violentos que se presentan en su territorio, además que cuenta con datos que apuntan a que no todos los homicidios están relacionados al crimen organizado, sino a la violencia que se vive en las familias y en los municipios.
Indicó que en el caso de Guanajuato se tenía previsto que la violencia disminuyera con el combate al robo del combustible, pero subrayó que los delincuentes encuentran otra manera de obtener recursos: por medio del secuestro, la extorsión o el tráfico de drogas.
“Se tiene que hacer una estrategia focalizada para saber qué problema hay en cada estado, porque a la gente no la matan con una misma razón en un mismo lugar que en otro”, acotó.
Exhortó a la población a no ser indiferente ante la ola de violencia que atraviesa México y hacer consciente de la realidad, puesto que ese fue el objetivo del reporte de atrocidades.
“Lo que no podemos hacer como sociedad es cerrar los ojos y pensar que no está pasando nada porque no lo estamos viendo. El país está viviendo una situación de violencia muy grave que requiere un esquema que reduzca el impacto de la violencia, que se atiendan a las persona que están en riesgo desde el punto de vista de seguridad y salud pública”, enfatizó.
