Tras el llamado a no realizar festejos con motivo del fin de año para que no se incrementen más los casos de Covid-19, el gobierno de la Ciudad de México prepara un protocolo para inhibir fiestas y contempla la aplicación, pero sólo en un caso.

Dicho protocolo se encuentra en elaboración en la Procuraduría Social de la Ciudad de México (Prosoc), en coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), la Agencia de Protección Sanitaria y el C-5.

El gobierno capitalino adelantó que el mecanismo se dirige a unidades habitacionales y condominios.

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“Con base en el protocolo, cualquier vecino de unidades y conjuntos habitacionales, en donde se esté celebrando alguna fiesta, podrá presentar su queja e inconformidad ante el C-5, quien a su vez le otorgará un folio que hará llegar a la SSC, cuya labor será conminar a los vecinos a que disuelvan la reunión”, indicó.

En caso de que los vecinos de la unidad habitacional no le den el acceso a los elementos de seguridad o no hagan caso de disolver la fiesta, la SSC hará el reporte a la Prosoc, para que será proceda a establecer una multa.

Dicha sanción está basada en la Ley de Régimen de Propiedad en Condominio y se aplicaría por “faltas que afecten la tranquilidad o la comodidad de la vida condominal”.

La multa por no disolver una fiesta o no permitir el acceso a la policía iría de 10 a 100 veces la unidad de cuenta vigente en la Ciudad de México, es decir, de 868.8 a 8,688 pesos.

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