Ante el confinamiento por la pandemia de coronavirus, el trabajo remoto desde casa de ha hecho más común, por lo que las empresas deberían de implementar medidas para atender la violencia doméstica que puede vivir sus trabajadoras, lo cual repercute en su integridad del personal y desempeño.

De acuerdo con las Naciones Unidas (ONU Mujeres), el Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) de 2019 indica que la violencia intrafamiliar puede afectar la productividad laboral, así como la salud y seguridad, por lo que los empleadores deben reconocer el problema y ofrecer una respuesta.

En el texto “Cinco consideraciones esenciales para el área de recursos humanos”, la organización señaló que 35% de las mujeres en el mundo han sufrido violencia física y/o sexual por parte de alguna pareja íntima.

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Ante ese panorama, reiteró la necesidad de que las compañías establezcan protocolos, políticas y prácticas para garantizar la seguridad y el bienestar de las sobrevivientes de violencia, así como la incorporación de medidas en el lugar de trabajo a fin de abordar la problemática.

En ese sentido, llamó a elaborar medidas de seguridad específicas tanto para la violencia doméstica como para el para hacerle frente al acoso y hostigamiento en los centros de trabajo, ya sea de manera presencial o virtual.

ONU Mujeres insistió en capacitar al personal de la oficina en materia de seguridad y salud, así como a los colegas de trabajo para identificar las señales de alguna agresión; además de intervenir lo más pronto posible antes de que el problema escale a mayor magnitud.

“El personal de apoyo deberá ser capaz de referir a sus colegas agraviadas a servicios de apoyo tales como terapia, defensoría de víctimas, albergues o alojamiento seguro, asesoría jurídica, etc”.

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Reiteró sobre ofrecer flexibilidad a las mujeres para ausentarse o en su horario de trabajo en caso de que necesiten buscar protección o acudir a una audiencia para resolver un caso; de igual manera blindarlas contra un eventual despido durante un periodo determinado para que puedan mantener sus ingresos durante el periodo de violencia que vivan.

Indicó que se debe designar a una personas de confianza y capacitada para que las víctimas revelen su situación, además de contar con apoyo psicológico, terapéutico y financiero en caso de ser requerido.

“Mantener las líneas de comunicación abiertas y no discriminar ni tomar represalias contra víctimas que busquen ayuda. No debe forzar al personal a tomar decisiones. Por el contrario, es necesario ofrecerles asesoría confidencial y apoyo para desarrollar el mejor plan posible para su seguridad (dentro y fuera de una relación)”.

También será necesario implementar medidas disciplinarias a los perpetradores mediante la definición de sanciones, como el despido.

La organización abundó que tomar tales lineamientos significa mantener un enfoque de derechos humanos que sitúe los derechos de las sobrevivientes y sus necesidades al centro de toda acción.

En ese sentido, las víctimas tienen derecho a un trato digno y respetuoso en lugar de que se le exponga por medio de actos revictimizantes; a elegir las acciones para atender el problema; a contar con privacidad y confidencialidad en lugar de verse expuesta, así como a no sufrir discriminación por motivo, además de recibir información para que la mujer pueda tomar sus propias decisiones.

 

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