Se ha convertido en un hábito no pagar la energía eléctrica en México. A la Comisión Federal de Electricidad (CFE), una empresa considerada, por varios años, como “de clase mundial”, no le han pagado su factura de consumo más de 8,458,000 usuarios, quienes están en resistencia civil o carecen de interés por cumplir con su obligación de pago.
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Uno de esos clientes incumplidos es Ecatepec de Morelos, el municipio más poblado de México, hoy gobernado por Morena, que adeuda más de 117 millones de pesos (mdp) por el uso de electricidad para iluminar sus calles y avenidas.
Otros casos incluyen a la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco (CAPAMA), que adeuda casi 94 mdp; el ayuntamiento de Texcoco, con un impago de 33 mdp; y la alcaldía de Chicoloapan, con una deuda de 38 mdp; así como la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Reynosa (Comapa), con un recibo eléctrico por pagar de 23 mdp.
Hay un par de empresas hidalguenses, cuyos nombres por una decisión legal no fueron revelados por la CFE, que le adeudan, cada una, 28 mdp, y hay otra compañía, cuyas operaciones se realizan en Ecatepec de Morelos, con un impago que asciende hasta los 25 mdp.
La lista de clientes morosos la complementan municipios como Naucalpan de Juárez, Los Reyes La Paz, Tecámac, Acolman, Nezahualcóyotl y Toluca, todos en el Estado de México; así como Macuspana y Centro, en Tabasco; Comitán, en Chiapas; y Los Cabos, en Baja California.
Los nombres de las entidades y personas deudoras son interminables. La CFE no ha podido cobrar 11,875 mdp de todas las facturas vencidas por consumo eléctrico al primer semestre de 2020, según bases de datos e información que está en poder de Forbes México.
Esta publicación buscó a Manuel Bartlett, director de la CFE, para que explicara la estrategia trazada para recuperar parte de la deuda y hacer que sus usuarios cumplan con su pago, pero hasta el cierre de esta edición no se obtuvo respuesta.
“No es que no queramos pagar la factura del servicio eléctrico, sino que no podemos pagar los cobros muy altos, y actualmente, con la crisis sanitaria de coronavirus (Covid-19), no hay dinero”, asegura Agripino García, coordinador de la Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica (ANUEE).
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El activista tiene grabado en su memoria el día en que Andrés Manuel López Obrador, ya elegido en 2018 como presidente de la República, se comprometió a un “borrón y cuenta nueva” con las deudas del consumo eléctrico.
“Vimos que no hubo borrón y cuenta nueva para todos, aunque para Tabasco, en la práctica, sí lo vimos. Al final, supimos que en realidad no fue un borrón y cuenta nueva, sino fue un borrón y volver a hacer contrato con la CFE”, señala, con cierta decepción, el líder de 800,000 usuarios, quienes piden un precio justo en la factura del consumo eléctrico.
En Tabasco, la gente está molesta y siente que les falló el presidente de la República, por lo que comenzó un movimiento de resistencia para exigir tarifas eléctricas justas, afirma Agripino García.
Hace más de 11 años, cuando operaba Luz y Fuerza del Centro, pagaban entre 300 y 500 pesos y, con su desaparición, se dispararon las facturas a 2,000 y 3,000 pesos. Al principio, se hizo un esfuerzo para pagar uno o dos recibos, pero se fueron acumulando y nadie ha podido con deudas de 100,000 pesos o 200,000 pesos, señala.
“Nosotros somos personas de la tercera edad que no tenemos recursos suficientes para pagar, ya que estamos viviendo al día y de las pensiones de 3,000 o 5,000 pesos”, agrega.
La CFE ha enviado cartas a miles de usuarios a la ANUEE con mensajes intimidatorios para que paguen la factura y, así, eviten caer en la cárcel y al Buró de Crédito. Pero, desde Palacio Nacional, se han mandado señales para premiar a los que no pagan y nadie olvida que, en 2015, el ahora presidente, Andrés Manuel López Obrador, llamó a una resistencia para incumplir con su pago.
El poder promueve el impago
Al principio del gobierno de Andrés Manuel López Obrador se impuso la cultura del no pago en Tabasco, “que se volvió casi una ola de tsunami” y “más gente en Tabasco dejó de pagar”, afirma Enrique Ochoa Reza, exdirector de la CFE.
“El cumplido en Tabasco, al ver que el no cumplido se salió con la suya, pues, dijo: ‘Yo también hago lo mismo’; y el cumplido en Chiapas, Oaxaca o Veracruz, al ver que en Tabasco les perdonaron el pago de la factura, también dejó de pagar”, comenta el ahora diputado del PRI.
El secretario de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados dice que un problema relevante en Tabasco se extendió y empezó a contagiar estados vecinos, contribuyendo a la cultura del no pago.
La cultura del no pago, alimentada por algunas decisiones públicas, afecta a la empresa productiva del Estado: “El vecino cumplido dice: ‘¿Por qué voy a seguir pagando, si el vecino no paga y le perdonan la deuda?’”.
De una manera selectiva, se les condonan a muchos usuarios sus cuentas que, agregados a muchos pequeños usuarios, ya generan un problema para una empresa del tamaño e importancia de la CFE, manifiesta.
“No hay una varita mágica para cobrar las facturas de consumo eléctrico, sino que es un trabajo institucional de la empresa, semana tras semana, mes tras mes y año tras año, y se llama cultura del pago”, asevera Ochoa Reza.
Las pérdidas técnicas se producen por fallas en los transformadores, líneas de distribución y transmisión. Y las empresas eléctricas de varios países han calculado que sus pérdidas técnicas son de entre 3% y 5% de la electricidad transmitida; sin embargo, se estima que el déficit es de 6% en México.
Las pérdidas no técnicas abarcan “los diablitos y diablotes”, es decir, la energía eléctrica generada, transmitida, distribuida y recibida por el usuario final, quien la utiliza pero no se la paga a la CFE, expone el exdirector de la empresa.
Hay usuarios domésticos y de bajo consumo que no pagaron algún recibo o lo están peleando o disputando por un cobro de una tarifa injusta: “A ese usuario sí es importante cuidarlo”.
Agrega que los usuarios domésticos y de bajo consumo no se comparan con los municipios, estados, instituciones, universidades y empresas que dejaron de pagar la factura de energía eléctrica.
“Al ser 8,445,000 consumidores [que no pagan su factura de luz, sí se] afecta, de manera muy importante, a las finanzas de la empresa, y esas pérdidas no técnicas reclaman una atención institucional aun mayor”, expresa Enrique Ochoa.
Cuando una empresa no paga la energía eléctrica, en realidad está robando dinero a los mexicanos, porque consume un producto que pagamos todos: “[Con] las empresas que no pagan…ahí la CFE debe ser implacable”.
La CFE cuenta con tecnología integrada a los mediadores de luz eléctrica de última generación, conocida como telemedición, para identificar a los usuarios y grandes empresas morosas.
La telemedición permite cortar el servicio a la distancia y sin necesidad de enviar a los empleados, y da pauta para que la CFE aplique la normatividad con multas para prevenir el robo.
Hay que cobrar lo que se consume, así como hay que establecer las multas para que la piensen dos veces en el futuro los grandes usuarios que no quieren pagar, declara Enrique Ochoa Reza.
Algunos malos funcionarios en diversos municipios deciden no pagar la energía eléctrica a la CFE. Los usos que le dan son, por ejemplo, alumbrado público y bombeo de agua, además de energía para los procesos en las plantas de tratamiento de aguas negras.
“Hay ocasiones en que un nuevo presidente municipal hereda de alguna administración pasada, probablemente hasta de otro partido político, un adeudo significativo con la CFE”, dice el exdirigente del PRI.
El presidente municipal que quiere honrar su pago vigente de energía eléctrica se enfrenta al reto de que arrastra adeudos de otros periodos municipales o de otros partidos políticos en el ejercicio de la presidencia municipal.
La Cámara de Diputados le aprueba a la CFE, en cada paquete económico, una facultad para firmar convenios con los presidentes municipales para que regularicen los adeudos de administraciones pasadas.
La empresa productiva del Estado firma con los ayuntamientos convenios con el fin de descontarles 50% de las deudas de consumo eléctrico.
Sin embargo, otro problema apremiante es la presencia del crimen organizado, el cual, de manera ilegal, usa energía eléctrica en sus operaciones del día a día.
Desde finales de 2009, el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) promueve, en muchas zonas populares del Valle de México, el robo de la electricidad con el pretexto de que sus contratos fueron firmados con Luz y Fuerza del Centro y no con la CFE, relata Rubén Salazar Vázquez, director de Etellekt Consultores.
Los usuarios del servicio eléctrico encontraron un respaldo en la voz de los líderes del SME, por lo que, a partir de ese momento, escaló el robo de la electricidad en zonas habitacionales de bajos ingresos de la Ciudad de México, Estado de México y Tabasco.
El problema del robo se viene arrastrando y “empezamos a ver ya un aumento de estas prácticas con la desaparición de Luz y Fuerza en 2009”, dice el experto, a quien, en algún momento, le tocó revisar cómo se ordeñaban los ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex).
En 2009, miles de usuarios robaban hasta el 14% de la energía eléctrica producida por la CFE, un porcentaje muy alto, porque la media mundial estaba en 8%, dice Salazar Vázquez. A nivel global, las pérdidas no están relacionadas con el robo, sino con problemas en la infraestructura.
Llama la atención el robo de electricidad en las tres ciudades de Tamaulipas que están dominadas por el crimen organizado, así como una presencia de la industria maquiladora y una oleada de migrantes, comenta.
El Cártel del Golfo y el Cártel del Noreste requieren de energía eléctrica, la cual sustraen de manera ilícita de la red de CFE para la operación de sus laboratorios de drogas sintéticas, mismos que se han incrementado en Tamaulipas.
“En México, las pérdidas técnicas y no técnicas de la CFE ascienden a poco más de 50,000 millones y [algo más de] la mitad, es decir, 26,000 millones, tienen como origen el robo”, asegura.
“Aproximadamente un 45% de la electricidad robada a CFE es producto de la acción de la delincuencia organizada. El otro 55% es sustraído de manera ilegal por los consumidores domésticos, el comercio ilegal y los asentamiento irregulares”, añade.
El robo de electricidad de las líneas de transmisión que realiza el crimen organizado representa un porcentaje muy reducido cuando se compara con lo hurtado en materia de gasolinas y diésel a Petróleos Mexicanos, empresa llegó a perder 60,000 millones de pesos por culpa de las ordeñas de ductos.
