Reuters.- La Fiscalía General de México (FGR) informó este martes que solicitó 46 órdenes de aprehensión en contra de servidores públicos acusados presuntamente de participar en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa hace casi seis años, un suceso que cimbró al país.

El fiscal Alejandro Gertz Manero dijo que la petición se hizo en la víspera en contra de los funcionarios de diversos municipios de Guerrero, donde en septiembre del 2014, policías coludidos con criminales atacaron a balazos a más de un centenar de estudiantes de la Normal de Ayotzinapa; 43 de ellos nunca aparecieron.

El presidente Andrés Manuel López Obrador prometió desde inicios de su gestión una nueva investigación para esclarecer el caso. El gobierno anterior dijo inicialmente que los estudiantes de magisterio de la localidad Ayotzinapa habían sido quemados en una gigantesca pira. La versión fue desechada después por expertos.

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“A todos ellos se les acusa por los delitos de desaparición forzada y por delincuencia organizada”, dijo el fiscal para luego enfatizar que dichos delitos “no habían sido ni investigados, ni judicializados, en las diligencias que en su momento realizó la Procuraduría General de la República (PGR)”.

Agregó que las nuevas órdenes se suman a otras hechas por su despacho en marzo en contra de funcionarios de la PGR, entre ellos Tomás Zerón, “quien huyó del país, y que ya cuenta con orden de aprehensión y con ficha roja de Interpol, para su localización a nivel internacional, y su extradición correspondiente”.

Fuentes dijeron en marzo a Reuters que la FGR solicitó a Interpol que emitiera una alerta para localizar a Tomas Zerón, un exfuncionario señalado de manipular las pesquisas del caso luego de que fuera conocido un video donde se le veía en la zona en que fue hallado el único hueso que permitió la identificación de uno de los jóvenes.

Junto a él estaba un presunto delincuente que habría participado en la desaparición de los estudiantes. Sin embargo, esa diligencia que se hizo en abril de 2016 en un río de Guerrero no fue incluida en el expediente del caso.

Padres de los estudiantes han acusado al exfuncionario, que entonces dirigía la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la República (PGR, hoy Fiscalía), de colocar el hueso en el lugar para respaldar la primera versión del Gobierno de que los estudiantes fueron quemados y sus restos arrojados a un río.

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