El Consejo Consultivo del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), integrado por 15 miembros honorarios y encargado de fungir como órgano asesor en la observancia, se pronunció contra la iniciativa de Ricardo Monreal para reformar los artículos 27 y 28 de la CPEUM, con la que busca extinguir la Comisión Federal de Competencia (COFECE), el Instituto Federal de Telecomunicaciones y la Comisión Reguladora de Energía (CRE) para crear el Instituto Nacional de Mercados y Competencia para el Bienestar.

El organismo afirmó que dicha propuesta no debe estar en la Agenda Legislativa, pues atenta contra una institución que da resultados positivos de forma consistente que engrandece el nombre de México a nivel internacional.

También enfatizaron que una de las consecuencias de un cambio estructural en la regulación de las telecomunicaciones y de la radiodifusión en nuestro país generaría un vacío regulatorio y de poder que muy probablemente sería tomado por los poderes fácticos y las grandes empresas reguladas, debilitando a los ciudadanos, a las autoridades, al Gobierno y al Estado.

El consejo consultivo del IFT recalcó que se necesitan seguir contando con órganos técnicos autónomos, libres de la injerencia de otros actores.

El consejo del Instituto propone generar un diálogo continuo para construir sobre lo ya logrado,identificando las oportunidades para fortalecer esta institución del Estado mexicano en favor de la sociedad mexicana.

Dicha iniciativa sugiere cambios como:

1)El fortalecimiento de las áreas de investigación, para realizar más investigaciones en todos los sectores de la economía tradicional y especialmente en la nueva economía digital, que se está convirtiendo en la más problemática en todo el mundo.

2)Reforzar la capacitación en temas de respeto a las garantías y derechos fundamentales en los procedimientos que se siguen, lo que garantizará más contundencia en los resultados.

3)Migrar a procedimientos electrónicos para minimizar gastos.

4)Permitir que la Cofece y el IFT puedan iniciar acciones de inconstitucionalidad en contra de regulaciones que afecten los derechos fundamentales de las personas en México.

5)Mejorar el sistema para ofrecer y aceptar compromisos en casos de abusos de predominancia y de condiciones en la autorización de concentraciones, así como del seguimiento al cumplimiento de los mismos.

 

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