Organizaciones civiles y empresariales hicieron un llamado a la administración pública federal a reconstruir el Sistema Nacional de Seguridad Pública, así como a abrir el diálogo para combatir los niveles de criminalidad e impunidad en el país.

Lo anterior forma parte del decálogo que impulsaron los grupos Causa en Común, Impunidad Cero, TOJIL y la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).

De acuerdo con la presidenta de Causa en Común, Maria Elena Morera, la reforma al sistema de seguridad nacional busca que se construyan políticas de Estado con evidencia, que haya compromiso con el presupuesto en la materia y que se impulsen decisiones a largo plazo.

En el segundo punto del listado, se pide prevenir las violencias y la delincuencia, para lo cual Morera Mitre pidió se atienden las causas de la inseguridad, así como generar una estrategia de prevención focalizada en función de las manifestaciones de violencia.

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De igual manera pidió la consolidación de la seguridad a través del fortalecimiento de las policías locales, para lo cual apuntó la necesidad de asegurarles a los adscritos de una capacitación permanente, garantía en sus derechos laborales, mejor equipamiento, entre otros.

Abundó que ante el despliegue de la Guardia Nacional en las calles, este organismo se debe consolidar como un cuerpo civil y no como una extensión de las fuerzas armadas.

Entre las propuestas de las organizaciones también se encuentra mejorar las capacidades de investigaciones de las procuradurías y fiscalías, tanto a nivel local como federal. Además de contar un modelos de gestión para estas instituciones de investigación.

En ese sentido, solicitaron que se desarrollen modelos de políticas integrales para reducir la corrupción en los ministerio públicos y las policías locales; así como mejorar cada uno de los departamentos que integran el sistema de justicia.

Pidieron la consolidación de la coordinación con entre los cuerpos policiales, los peritos y el Ministerio Público; rescatar el sistema penitenciario; al igual que sancionar los delitos de corrupción y recuperar los recursos que se obtuvieron de manera ilegal.

Por su parte, Max Kaiser, presidente de la Comisión Anticorrupción de Coparmex, señaló que la intención del decálogo es abrir el debate sobre la situación de inseguridad que se vive en el país, así como generar parámetros de discusión.

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“Con esta propuesta se busca que) sumen todas las personas, de manera incluyente e informada, y llegue a los tomadores de decisiones, a los congresos, los gobiernos, las fiscalías, las secretarías de función públicas, y todos los lugares donde está la seguridad y justicia de los mexicanos”, indicó.

En tanto, Adriana Greaves, cofundadora de TOJIL, insistió en la necesidad de priorizar aspectos como dotar a las Fiscalías de mecanismos para que puedan generar investigaciones que esclarezcan los hechos.

“Mientras no limpiemos la corrupción de los que investigan, no tendremos ningún cambio en la justicia penal”, refirió.

Irene Tello Arista, Directora de Impunidad Cero, señaló la necesidad de que cada eslabón del sistema de justicia, puesto que no se puede actuar de forma aislada y se debe dimensionar el sistema de manera integral.

“Cualquier reforma que no tome en cuenta que este sistema es integral, corre el riesgo de fallar. Para poder combatir la impunidad tenemos que mejorar cada parte del sistema de seguridad y justicia”, acotó.

 

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