Para combatir el delito de feminicidio en el país se necesita una estrategia preventiva, tanto a nivel judicial como social y cultural, estimó Raúl Sapién Santos, presidente del Consejo Nacional de Seguridad Privada.

En entrevista para Forbes México, indicó que el gobierno federal necesita enfocarse en acciones de carácter preventivo, más no de carácter reactivo para así combatir el problema del feminicidio.

Bajo ese tenor, insistió en la necesidad de homologar en las 32 entidades federativas del país la definición y conceptualización del delito de feminicidio para que los requisitos que se necesitan para la acreditación de este delito sean los mismos en toda la República Mexicana.

Abundó que de enero a junio de 2020 se tienen registrados 489 feminicidios, lo cual representa un aumento de 9.2% en comparación con el primer semestre de 2019, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

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“No podemos responsabilizar a la federación únicamente de esta conducta delictiva, obedece a los fiscales y secretarios de seguridad locales y las instituciones de gobierno que conforma el Estado de Derecho”, agregó.

Acepto que la administración de Andrés Manuel López Obrador está atendiendo la agenda en cuestiones de violencia de género, sin embargo resaltó la necesidad de elaborar políticas públicas para prevenir este tipo de delitos.

Sapién Santos subrayó la necesidad un plan integral para atender este tema, independientemente del partido político que se encuentre en el poder, además de generar esfuerzos administrativos y culturales para asegurar los derechos de las mujeres.

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Reiteró el hecho de fortalecer las labores de investigación dentro de las fiscalías, así como los procesos de judicialización para poder castigar a los responsables de este tipo de acciones.

“Imaginemos una cadena, el último eslabón es la conducta de feminicidio, es el resultado donde se tipifica ese exceso de violencia hacia una mujer y concluye con privarle de la vida”, remarcó.

En ese sentido, apuntó la necesidad de atender la violencia intrafamiliar, contra los menores, así como la económica contra las mujeres.

 

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