El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) puso sobre la mesa del gobierno una propuesta para contribuir en el plan nacional de vacunación. El planteamiento incluye poner a disposición de las autoridades de salud la infraestructura de tiendas y establecimientos de la iniciativa privada para que funcionen como centros de vacunación, así como las cadenas de logística y frío para el traslado de las dosis.
“No queremos cuestionar la estrategia, queremos sumar y contribuir”, afirma Patrick Devlyn, presidente de la Comisión de Salud del CCE.
El empresario afirma que este modelo de colaboración ya ocurre en otros países. Uno de los ejemplos es Estados Unidos, donde grandes cadenas farmacéuticas y de autoservicio están funcionando como centros de registro y vacunación, del mismo modo, gigantes de la logística, como Amazon, han ofrecido su colaboración para agilizar la movilización de dosis.
El empresario explica que el CCE tuvo una reunión, en diciembre, con Zoe Robledo, titular del IMSS, y con Hugo López Gatell, subsecretario de Salud, en la cual se abordaron recomendaciones y buenas prácticas ante el escenario de pandemia y ambos funcionarios se mostraron abiertos a una colaboración con el sector privado.
“La infraestructura para centros de vacunación y la cadena de frío son factores que pueden ampliar el alcance del programa de vacunación, son un apoyo para que todo suceda más rápido”, afirma Devlyn.
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Que la IP compre dosis
Otro de los pilares de la propuesta radica en ofrecer la disponibilidad voluntaria de algunos grandes corporativos que están en posibilidad de adquirir la vacuna para administrarla a sus empleados y a sus familias. Esto implicaría que la Iniciativa Privada correría con el costo de vacunación de alrededor de 10 millones de trabajadores que laboran, principalmente, en sectores esenciales.
“La propuesta es que las empresas adquieran las vacunas de forma directa para hacerse de dosis adicionales que puedan administrarse a los empleados e incluso a sus familias. Hablamos de empresas que tienen disponibilidad financiera para realizar esta adquisición”.
Patrick Devlyn considera que este punto puede no ser una medida inmediata, pues [por ahora] alrededor del mundo quienes están adquiriendo las vacunas son los gobiernos. Sin embargo, afirma que es importante que las autoridades tomen en cuenta que existe el ofrecimiento y la capacidad financiera para que la aplicación de vacunas en los sectores esenciales sea más ágil y se evite la pérdida de cadenas de valor en el sector productivo.
El Plan Nacional de Vacunación contra Covid-19, que fue ideado para México, cuenta con etapas, que definen fechas de aplicación por grupos de población.
La primera etapa de vacunación arrancó en diciembre y preveía que para febrero de 2021 pudiera cubrir al personal de salud de primera línea de atención Covid-19. La segunda etapa abarcaría de febrero a abril y contemplaría al resto del personal de salud y las personas mayores de 60 años, enfermos con padecimientos crónicos y profesores. Una tercera etapa, de abril a mayo, estaría enfocada en personas de 50 a 59 años y las personas de 40 a 49 años se vacunarían entre mayo y junio.
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El esquema implica que el grueso del sector productivo empezará a recibir la vacuna a partir de junio. La meta del gobierno es lograr la inoculación del 70% de la población para lograr inmunidad en un periodo contemplado de 18 meses.
¿La IP busca vender vacunas?
Cuestionado sobre la posibilidad de que la vacuna se oferte a la venta en el sector privado, Patrick Devlyn explica que la opción de que las personas paguen por la vacuna en el sector de salud privado no es un escenario negativo; sin embargo, no es una cuestión que se contemple en el corto plazo.
“Tenemos un sector de salud privado muy robusto, no es un fenómeno negativo que exista disponibilidad para que las personas puedan pagar por las vacunas. Esto ya ha pasado, por ejemplo, con la vacuna de la influenza, pero sabemos que eso no va a ocurrir en el corto plazo, sino en el futuro”.
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Actualmente, las vacunas que están siendo administradas alrededor del mundo cuentan con autorizaciones de uso de emergencia, entre otras cosas, este tipo de autorización implica que las vacunas pueden ser adquiridas únicamente por los gobiernos.
De este modo, la propuesta de la IP sería que, conforme las vacunas sean autorizadas por Cofepris, el sector privado pueda adquirir las dosis, vía los canales autorizados, y colaborar con el sector público.
“Nosotros apoyamos el plan de vacunación, es ambicioso y creemos que será más viable y realista si suma los esfuerzos de colaboración al alcance. Sabemos que la adquisición de vacunas del gobierno es para aplicación gratuita, la IP lo que busca ahora es traerlas para sus trabajadores”.
