Han pasado casi cuatro años desde que se puso en marcha la llamada “Ley Fintech” en México. Desde entonces, mucho ha sucedido dentro del ecosistema en el país, que ha visto a entidades ser autorizadas, rechazadas y sancionadas por el regulador. El ecosistema ha sido impulsado por la pandemia y ha crecido a pasos agigantados, aunque la realidad también indica que el otorgamiento de licencias a las empresas fintech aún avanza a paso lento.
Para finales de 2021, más de 120 empresas fintech habían iniciado su proceso para operar como instituciones de Fondo de Pagos Electrónicos (e-wallets) o de Financiación Colectiva (crowdfunding), de las cuales sólo 58 han sido avaladas por el regulador y 23 han sido rechazadas.
En otros países de la región donde el ecosistema fintech ha tomado fuerza de igual manera, como Chile, la regulación también está comenzando tomar forma. Apenas en septiembre del año pasado, el Congreso de esa nación envió un proyecto de ley fintech, acción que las empresas habían demandado ya por un buen tiempo.
Según el “Fintech Radar Chile”, elaborado por Finnovista, el 48% de las startups encuestadas cree que actualmente no existe una regulación específica para su modelo de negocio y que ésta es necesaria, ya que podría ser un factor relevante para facilitar el desarrollo de determinados modelos de negocio. Al parecer, el mundo de las soluciones fintech se mueve a un ritmo más acelerado que cualquier regulación.
En su camino hacia la implementación de la ley, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), que actúa como intermediaria entre las autoridades y las instituciones financieras supervisadas, no ha sido ajena a las críticas del ecosistema, ya que algunos actores afirman que sus procesos y mecanismos han sido lentos y no han respondido al ritmo con el que se mueve el mercado; otros alaban los esfuerzos de este organismo para aplicar la regulación.
Lo cierto es que la inversión extranjera y el desarrollo de empresas a nivel regional corren el riesgo de estancarse frente a las otras economías del mundo e, incluso, de no avanzar en el cumplimiento de su objetivo principal del mercado: llevar la inclusión financiera a toda la población.
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A PRUEBA DE BOMBAS
El camino para las empresas que han sido autorizadas no ha estado exento de complicaciones. “Ha sido un proceso muy difícil, sobre todo porque, con la pandemia, se cerraron las oficinas del regulador y la comunicación se hizo más escasa y difícil. A veces se tardaban hasta 40 o 50 días para que alguien te hiciera una notificación. Cosas que antes eran muy fluidas y sencillas se convirtieron en un dolor de cabeza durante ese periodo [entre 2020 y 2021]”, cuenta Porfirio Sánchez-Talavera, director de Trafalgar Digital, una de las primeras empresas autorizadas a operar bajo la regulación fintech, en marzo de 2021, tras un proceso que se extendió a lo largo de dos años.
Para que una empresa obtenga la licencia, explica Aitor Chinchetru, quien lleva años colaborando estrechamente con el regulador español al frente de Fintonic, es fundamental tener un órgano de gobierno fuerte y “a prueba de bombas”. El emprendedor señala: “La autoridad analiza quiénes son los accionistas de la empresa, quién la va a gobernar, que posea un modelo de negocio que tenga sentido y que, además, cuente con los procesos y la tecnología para poder hacerlo bien. Cuando presentamos la primera versión de la licencia de Fintonic en España, que no es muy diferente a la de México, el documento tenía 10,000 páginas. Y lo sé porque tuve que firmarlas a mano, una por una”.
La historia ha sido la misma para las empresas que han sido rechazadas, una acción que, en su mayoría, es vista positivamente por el ecosistema. “Usualmente, los empresarios detrás de estos proyectos subestiman el alcance de sus operaciones. Finalmente, las fintech tenemos la misma capacidad de atraer recursos de las personas que tiene un banco tradicional. Eso implica una enorme responsabilidad”, asegura Sánchez-Talavera. “Los requisitos que pide la Ley Fintech para acceder a este tipo de licencias son bien elementales y, si no puedes cumplir con ellos, no puedes esperar a que te den luz verde para operar”.
En esto coincide Víctor Aguirre, Partner de BlackBox Startup Law, una firma de abogados especializada en este tipo de empresas. De acuerdo con el abogado, aunque la entrada en vigor de la Ley Fintech ha impulsado la inversión extranjera en el país y las empresas deberían poder cumplir con los requisitos para ser autorizadas, admite que el regulador debió proponer un plan de corrección y transición a las empresas que han sido rechazadas, “en aras de proteger la inclusión financiera y a los usuarios existentes de firmas enfocadas en segmentos que a los bancos tradicionales no les interesan, como los estudiantes”.
Para Aguirre, este complejo panorama es el que ha provocado que los bancos tradicionales o las empresas fintech que buscan aumentar su presencia en otras áreas recurran a las fusiones y adquisiciones. Sólo en el último año, las empresas fintech que no solicitaron licencia para operar como entidades de crowdfunding (CFI) han comenzado a realizar sus primeras adquisiciones.
Una de ellas es Credijusto, codirigida por Allan Apoj y David Poritz, que confirmó la compra de Banco Finterra en junio por un importe estimado de 50 millones de dólares (mdd). Tres meses más tarde, Nubank, el gigante brasileño, anunció la compra de Akala, sociedad financiera popular (Sofipo) que le permitirá captar ahorros del público en general. “Están buscando el camino corto y comprar a las firmas ya autorizadas en vez de empezar desde cero y aventarse años para obtener una autorización”, comenta el abogado.
VIENTOS DE CAMBIO
A finales del año pasado, el viento dentro del regulador sufrió un cambio de rumbo. Después de un año al frente de la CNBV, Juan Pablo Graf dejó la dirección del organismo, dando paso a Jesús de la Fuente Rodríguez, un académico especializado en el sector financiero.
Consciente del panorama que enfrentaba el ecosistema en ese momento, De la Fuente hizo hincapié en la importancia de lograr una mayor eficiencia en el desempeño de la institución y en la reducción en los tiempos de respuesta hacia las empresas. En la misma línea, el presidente dijo que aplicaría una estricta política de prevención y tolerancia cero ante los abusos y actos ilícitos de las instituciones financieras reguladas.
Este cambio parece estar dando sus frutos, ya que los trámites ahora están avanzando de manera más dinámica y el diálogo ha mejorado, afirma Sánchez-Talavera. “En el poco tiempo que lleva el nuevo presidente en el cargo, ya hemos dialogado mucho más que en todo el tiempo anterior, que todo estuvo paralizado por la pandemia”.
La Comisión tampoco ha dudado en aplicar la ley, y así lo han notado las empresas. “Por lo que nos ha dejado ver este presidente en el poco tiempo que lleva al frente de la CNBV, no le da miedo tomar decisiones impopulares. Antes, eso sucedía con frecuencia, y eso es lo que paralizaba las operaciones. Lo que estamos esperando que suceda es que, no importa que sean populares o impopulares las decisiones, se deben tomar”, agrega Sánchez-Talavera.
Aunque las opiniones dentro del ecosistema son encontradas, si algo es seguro es que la demanda de servicios fintech seguirá creciendo en el país. Si bien, es evidente la flexibilidad y el dinamismo que estas empresas ofrecen al mercado en comparación con la banca tradicional, los empresarios afirman que México corre el riesgo de perder a estos emprendedores en favor de otros países que están estableciendo marcos regulatorios más favorables a la innovación.
Forbes México solicitó la opinión de la CNBV, pero la institución declinó ofrecer comentarios.
“El regulador tiene la tarea de salvaguardar los intereses de todos los usuarios, pero, al mismo tiempo, tiene que intentar fomentar la innovación en el país y aumentar los niveles de inclusión financiera. Equilibrar todo eso, y que todo el mundo esté contento, es difícil. No me gustaría estar en su lugar”, dice Chinchetru.
