Como presidente ejecutivo del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), el colombiano Sergio Díaz-Granados nos comparte una visión clara sobre la recuperación de una región azotada por los efectos de la pandemia. En entrevista exclusiva con Forbes, el abogado remarca el rol del sector privado como un actor “catalítico” para elevar la productividad, con el concurso del sector público. “La pandemia nos dejó más pobres, más informales, más endeudados y con mayores brechas sociales, y eso no podemos resolverlo solamente con deuda o con mayor déficit”, dice.
En esta escena, el ejecutivo afirma que casi el 14% de la cartera de CAF, es decir, más de 1,680 millones de dólares (mdd), se destinan a sectores asociados a la modernización y casi 400 millones a infraestructura.
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Confiesa que “hay una gran oportunidad para la inversión que facilita el crecimiento del comercio electrónico dentro de la región” y, de cara a las demandas en el proceso de transición energética, es posible “conectar la producción de energía limpia con la producción de bienes y servicios exportables desde Centroamérica y el Caribe”.
En esta macrovisión, Díaz-Granados apunta hacia una entidad que se convierta en “gestor central en el nearshoring”, donde los países de Centroamérica y el Caribe tienen un gran potencial: “Comparten valores, principios… pero hay que agregarle el valor de la promoción de las libertades económicas y también el valor de la protección del medio ambiente dentro de la producción de bienes y servicios”, señala.
CAF opera como una institución financiera multilateral cuya misión es apoyar el desarrollo sostenible de sus países accionistas y la integración regional.
¿Cuál es el papel de CAF en materia de financiamiento para el desarrollo?
En general, la banca de desarrollo existe para apoyar en momentos como éstos, difíciles, momentos de crisis. Hoy, en el caso de América Latina y el Caribe, toda la banca de desarrollo está volcada a atender y entender la dimensión tan profunda de la crisis desatada por la pandemia. Nuestro rol hoy sería la reactivación económica, lograr que creciera por encima del promedio de lo que ya traíamos en 2019, que no era bueno. Crecer más, pero incorporar unos desafíos enormes que han aparecido, una profundización de las brechas digitales producto de la pandemia, así como un enfrentamiento y una factura en la parte climática que ya ha comenzado a ser más fuerte cada año.
¿Hacia qué sectores de Centroamérica y República Dominicana dirige CAF el financiamiento y cuál es la inversión estimada para este 2022?
CAF está presente en Panamá, Costa Rica, República Dominicana, Jamaica, Trinidad y Tobago y Barbados. Son países que hacen el conjunto de Centroamérica y el Caribe. El directorio aprobó, en diciembre, la entrada de El Salvador como miembro pleno. Fue una gran noticia porque es una ampliación geográfica del ámbito de CAF. Además, la conversión de Dominicana como miembro pleno nos va a permitir hacer mucho más apalancamiento.
Tenemos casi el 14% total de nuestra cartera, más de 1,680 mdd solamente, por ejemplo, en sectores que están asociados a la modernización, y casi 400 mdd orientados a infraestructura; el 33% de la cartera total nuestra se está yendo a infraestructuras en la región y a preparación de países como Trinidad y Tobago, que necesitan prepararse para esa adaptación que está generando el cambio climático.
Tenemos carteras muy grandes también en Panamá, con proyectos de infraestructura que van desde el metro y el agua potable, hasta el saneamiento básico y la ampliación del Canal. El año 2022 Panamá cumple 25 de ser miembro de CAF.
En materia de proyectos verdes o sostenibles, ¿qué ocupa la agenda de CAF?
Actualmente, en promedio, el financiamiento verde de CAF, siguiendo la taxonomía de los bancos de desarrollo, es cercano al 26% de nuestra cartera. La idea es llevarlo, para 2026, al 40% y, ojalá, al 50% en 2030.
En diciembre de 2020, el directorio de CAF aprobó por consenso un incremento patrimonial de CAF de cerca de 7,000 billones de dólares; es el mayor incremento, en la historia de CAF, de sus capitalizaciones, y nos va a permitir aumentar nuestra capacidad de financiamiento verde hacia el futuro.
Podemos trabajar con los gobiernos, pero también con el sector privado, con proyectos que impliquen mejoras significativas en movilización o energía, donde hay una gran oportunidad de transformación para reducir la emisión de gases de efecto invernadero, pero también proyectos de reforestación, de captura en el mercado de carbono a nivel global, para traer esas ventajas y apalancamientos hacia la región. Eso es lo que nos interesa hacer en los próximos cinco años y va a haber un gran potencial de crecimiento en ese frente en la región, y particularmente en Centroamérica.
¿Qué nuevas áreas de infraestructura requieren inversión a partir de los contextos postpandemia?
América Latina tiene un déficit acumulado de infraestructura muy grande. En comercio electrónico, en los próximos años vamos a pasar de cerca del 12% al 30%; eso es muchísimo a nivel mundial; y eso va a requerir más bodegas, mejores aeropuertos, mejor logística. Ahí hay una gran oportunidad para Centroamérica.
Lo hemos hablado con los ministros recientemente, en la última cumbre en Puerto Plata, a comienzos del mes de diciembre [de 2021], y hemos visto el potencial enorme que tienen países como Costa Rica, Panamá, El Salvador, República Dominicana para convertirse en grandes hubs de distribución del e-commerce por su posición privilegiada.
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Hay una gran oportunidad para la inversión que facilite el crecimiento del comercio electrónico dentro de la región. Ése sería un primer punto. Otro punto en infraestructura va a ser toda la transformación en energía; irnos a matrices mucho más limpias para conectar esa producción de energía limpia con la producción de bienes y servicios exportables desde Centroamérica y el Caribe.
Creo que en infraestructura va a ser muy importante, en los próximos años, el rol que puede jugar toda la banca de desarrollo en los temas de transición energética, para no sólo hacer una contribución al planeta, sino también para que nuestra producción de bienes y servicios sea cada vez más limpia.
Además, queremos volvernos un gestor central en el nearshoring. Los países de Centroamérica y el Caribe tiene un gran potencial en esto.
En esta ambiciosa agenda, ¿cómo evalúa CAF el engranaje entre los sectores público y privado para llevar adelante las propuestas?
La pandemia nos dejó más pobres, más informales, más endeudados y con unas brechas sociales mayores. Eso no podemos resolverlo sólo con deuda o con mayor déficit, ni podemos cargarle la mano a los presupuestos para cubrir los choques de demanda agregada que tuvimos, producto de la pandemia. Necesitamos un rol activo en el sector privado y eso tiene que pasar con marcos regulatorios que faciliten la inversión; por un mejoramiento de las capacidades y de las habilidades para el trabajo de los ciudadanos; por generar flujos de inversión privada en la región, ya sea por vías de PPP(porque estemos atrayéndola para nearshoring o friendshoring), o porque estemos trayendo esa inversión privada para la expansión de los servicios y la producción de bienes actuales.
No hemos tenido, realmente, ganancias de productividad en los últimos 50 años; hemos crecido, pero no hemos visto reflejadas esas ganancias en la calidad de vida de nuestra gente. Hoy, tenemos mucha más informalidad, como resultado de la pandemia. Hemos destruido millones de empleos. En el último reporte que entregamos de Latin American Economic Outlook, que hicimos con la OCDE, la Cepal y compañías europeas, señalamos el gran potencial de generar millones de empleos formales, si le apostamos a una reactivación verde, a economía circular, por ejemplo, a todos los manejos de basura, y sacar de ahí productos y bienes, o si le apostamos a la industria de servicios o de turismo sostenible.
En CAF vamos a potenciar todavía más nuestra ventanilla dedicada al sector privado.
La informalidad y el desempleo siguen siendo los grandes retos de la región. ¿Qué se prevé, desde CAF, para minimizar esta problemática?
Los países deben tener talante reformador. El talante reformador es tener la conciencia de que atravesamos uno de los momentos más críticos en la historia económica de América Latina y el Caribe; los peores dos años en la historia de la región. Hemos dejado atrás la parte sombría de la pandemia, pero todos sabemos que hay una baja en el pronóstico de crecimiento, y quién sabe qué va a pasar en 2023. La única manera de apostar con fuerza a esto es que comencemos a pensar qué tipo de reformas hay que hacer que le ayuden a nuestros países a ser mucho más fuertes, más resilientes, que ayudemos a pagar esa deuda que ya ampliamos en estos últimos 25 meses, y cómo hacemos para volver a encajar en las fuentes de crecimiento y generar empleo formal, empleo a la mujer y a los jóvenes, grupos y sectores económicos y sociales que están sufriendo aun más el desempleo y la informalidad. Ahí tiene que apuntar cada país de forma individual, porque no hay recetas únicas. Pero, del lado de CAF, lo que hemos sugerido es ver en cada país qué reformas son posibles.
¿Cuánto prevé invertir CAF, en 2022, en proyectos de ciencia y tecnología que impacten los sectores productivos, de infraestructura y vialidad en Centroamérica?
Estábamos calculando hacer inversiones por cerca de 1,000 mdd, asociadas a temas de ciencia y tecnología. Eso puede ser aparte de la capacidad financiera nuestra, que se suma a otros multilaterales. Pero, tuvimos un choque brutal con la pandemia, que encerró a muchos de nuestros jóvenes en Centroamérica y el Caribe en sus casas, sin educación. No todo el mundo tenía acceso a internet, no todos tenían equipos, no todos los colegios pudieron digitalizarse rápidamente.
Ese tiempo perdido se va a reflejar en la próxima década, con bajas tasas de productividad. Ésa tiene que ser la mayor preocupación de los gobiernos hoy. Tenemos que ir rápidamente a cerrar esa brecha con más tecnología, más acceso a internet, mejores sistemas, más entrenamiento a los muchachos e irnos con un foco en la población joven más golpeada a causa de la pandemia.
Diría que ésa debería ser la respuesta urgente de parte de todos los gobiernos para evitar que, con el tiempo, esa factura crezca por cuenta de menores tasas de crecimiento y más dificultad para recaudar y para pagar las deudas que estamos contrayendo por la pandemia.
La crisis provocada por la pandemia también ha mostrado la necesidad de replantear un gasto público eficaz y sostenible, ¿cómo aproximarnos a esta fórmula?
Lo que necesitamos hacer es elevar el crecimiento potencial de América Latina y el Caribe. Tener tasas que nos sitúen por encima del 4%. Eso nos va a permitir generar empleo formal y aumentar las exportaciones de bienes y servicios.
En la cumbre de la alianza de los presidentes de Costa Rica, Panamá y Dominicana, veíamos justamente eso: podemos aumentar el pib per cápita exportador de los tres países y podemos conectarnos mejor con el mercado estadounidense. Eso va a implicar unos esfuerzos muy grandes de preparación del personal, pero, al final, se traduce en crecimiento económico; y es el crecimiento el que nos va a permitir cerrar la deuda y los déficits que hemos tenido como resultado de la pandemia. Porque recortar las subvenciones de la noche a la mañana sería absolutamente provocador; hay mucha pobreza, mucho desempleo, mucha informalidad…
Debemos ser totalmente innovadores en 2022, pero yo diría que la mayor preocupación tiene que ser que logremos hacer crecer la economía. No tanto concentrarnos en qué recortamos en el presupuesto o si hacemos ajustes fiscales. Quizá sí se hagan, y en unos países más rápido que en otros. No es homogénea la situación en América Latina.
Pero hay que mirar caso por caso. La tarea es fomentar el crecimiento económico.
