Prácticamente en todas las conversaciones que sostengo con empresarios y clientes, el tema fintech y las criptomonedas es más que obligado. El rubro de la tecnología financiera se ha convertido en el nuevo objeto del deseo, no obstante que no terminamos de entender cómo operan, cómo están regulados y cuáles son los riesgos inherentes y residuales al invertir o especular con Bitcoin, Ethereum, Dogecoin y Litecoin, por mencionar algunas.
Este apetito de riesgo desmedido es entendible, ya que el famoso techo de los 64,374 dólares al cual llegó Bitcoin fue alcanzado en un abrir y cerrar de ojos, aunque al momento de escribir estas líneas el precio haya caído a los 33,539 dólares. Explicar tal volatilidad es algo relativamente fácil: el valor de las criptomonedas se encuentra respaldado por la confianza que los usuarios depositan en ellas, no por el respaldo otorgado por un banco central.
Gobiernos como el de Estados Unidos han advertido que las criptomonedas están siendo utilizadas por la delincuencia organizada transnacional, por grupos terroristas y supremacistas blancos, que buscan aprovecharse de la esencia misma de los activos virtuales: el anonimato y la notoria dificultad para rastrear las operaciones. Muchos países han entendido la necesidad de que el sistema financiero evolucione. México es un claro ejemplo de ello, ya que, gracias a la Ley Fintech y a las modificaciones a la Ley Antilavado, los jugadores del sector de tecnología financiera han penetrado tanto que Credijusto acaba de comprar al Banco Finterra y esto nos habla de que en México existe un ecosistema fintech sano.
Pero, por otro lado, hay gobiernos, como el de Venezuela, que intentaron crear su propia moneda virtual, respaldada por sus reservas petroleras, para darle la vuelta a las sanciones económicas norteamericanas y mitigar (no combatir) la hiperinflación; o como el de El Salvador, el cual, en un supuesto intento por ser disruptivo, aprobó, el 9 de junio de 2021, la “Ley Bitcoin”, obligando a personas y empresas a aceptar el Bitcoin (o fracciones de éste, más bien) y no otro activo virtual como método de pago, ya que le fue asignado el mismo poder liberatorio que tiene el dinero emitido por su propio banco central.
Los legisladores del partido del presidente Bukele aprovecharon su mayoría para aprobar una ley de tan sólo 16 artículos, argumentando que esta decisión protegería a la iniciativa privada, acrecentaría la riqueza nacional, atendería la inclusión financiera e impulsaría el crecimiento de la economía. El presidente, por su parte, presumió que el uso del Bitcoin ayudará a los salvadoreños a enviar remesas. Eso suena genial, pero la ley está llena de trampas mortales, ya que se establece que los intercambios en Bitcoins no estarán sujetos a impuestos sobre las ganancias de capital.
Espero que tanto el Banco Central de Reserva como la Superintendencia del Sistema Financiero de El Salvador emitan la regulación secundaria que imponga los límites y controles que impidan que ocurra lo que aquí pronostico. Jugarle al disruptivo puede, incluso, poner en riesgo la soberanía de un país.
