México necesita un nuevo sistema fiscal. Aunque la reforma fiscal ha sido tema de discusión durante los últimos tres años, e incluso se puede pensar que ésta se inició con algunas reformas aprobadas en 2020, los requerimientos fiscales del país deben abordarse con una estrategia más profunda que las medidas anunciadas por el SAT.
Durante la última década, año con año, se observa cómo cae el espacio fiscal que resulta de la diferencia entre los ingresos y los gastos ineludibles. Estos recursos se destinan a brindar servicios de salud universales, educación de calidad e infraestructura para crecer. El espacio fiscal ha pasado de 6.4%, en 2016, a 2.2%, en 2021. El gasto público sufre recortes porque los ingresos no son suficientes para cubrir los compromisos de pago que ya tiene el Gobierno Federal.
Los recursos del espacio fiscal permiten realizar gasto social, innovar en las políticas públicas y dirigir más recursos a seguridad o crear un sistema de cuidados, por ejemplo. Sin embargo, aunque los requerimientos de gasto son cada vez mayores, los ingresos no aumentan a la par. México es el país de la OCDE que menos recauda, con 14% del PIB en 2021, mientras que el promedio de los países miembro en 2018 era de 33.9%. Los cambios en la forma de recaudar, en los tipos de impuestos, en la base gravable y en las prerrogativas y concesiones que los contribuyentes pueden adquirir son necesarios.
A nivel mundial, se ha planteado el impuesto mínimo global, el cual implica una coordinación entre diferentes países para gravar la actividad de industrias que operan en distintas jurisdicciones. También a nivel internacional, se debate el diseño y la aplicación de impuestos a la riqueza y las herencias, para que las personas con mayores ingresos paguen más impuestos y éstos se redistribuyan en sectores de la economía más vulnerables.
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Se observa, por un lado, la concentración de más recursos por el 1% y 10% más rico de la población; por el otro, crece el número de personas en pobreza y pobreza extrema.
Ahora, más que antes, es necesaria una reforma fiscal que busque aumentar los ingresos, pero también se necesita pensar cómo serán asignados esos recursos extra; es decir, implementar un nuevo sistema fiscal. Si se lleva a cabo una reforma fiscal, cambios tributarios o miscelánea fiscal, se corre el riesgo de que la ganancia se destine a pagar pensiones onerosas o la deuda de Pemex, en lugar de dirigirlos a fortalecer aquellos sectores encargados de proteger y garantizar los derechos a la salud y a la educación.
Las modificaciones que no se realicen ahora, tendrán consecuencias en las siguientes generaciones, incluso en las que no han nacido. Es necesario tener una discusión más profunda e integral de cómo debe funcionar el sistema fiscal, y que esa discusión lleve a tomar decisiones en beneficio de la población actual y para el bienestar de las siguientes generaciones.
