Por David Vargas

A pocos días para que se cumplan tres meses de choques entre opositores al gobierno del presidente nicaragüense Daniel Ortega y fuerzas de seguridad del país en conjunto con simpatizantes del gobierno sandinista. Los enfrentamientos han dejado un saldo de 351 muertos, de acuerdo con la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos.

En respuesta a la situación, el Consejo permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) convocó este viernes 13 de julio a una reunión extraordinaria para analizar la evolución de las tensiones entre opositores a la administración Ortega y las fuerzas del Gobierno. Una veintena de países de América, Europa y Asia (incluyendo a Costa Rica) ya han manifestado su preocupación por los hechos en Nicaragua.

Las reformas al sistema de seguridad social de Nicaragua impulsadas por el gobierno de Ortega desataron desde el 18 de abril anterior–fecha en que se hicieron públicos los cambios– una serie de protestas en los departamentos de León, Managua, Granada, Estelí, Rivas, Boaco y Carazo. Desde entonces, antagonistas al Gobierno se enfrentan al ejército, la policía y grupos paramilitares leales a Daniel Ortega y Rosario Murillo (primera dama y vicepresidenta de Nicaragua).

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A pesar de que el mismo Ortega anunció la revocatoria a las reformas al seguro social el 22 de abril, las protestas continuaron y recrudeció la violencia en los choques entre los opositores al Gobierno, que exigen la renuncia de Daniel Ortega, y miembros de la policía y ejército nicaragüense.

En dos ocasiones se ha creado una mesa de diálogo para terminar con la crisis en el país. Los intentos hasta ahora no han dado resultados.

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Desde Costa Rica, la vicepresidenta y canciller Epsy Campbell ha condenado las acciones del gobierno nicaragüense para reprimir las protestas. Por medio de su cuenta de Twitter, Campbell ha manifestado, en nombre de Costa Rica, su repudio a la escalada de violencia en Nicaragua y ha urgido a la administración Ortega a cumplir con las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

“Costa Rica condena vehementemente el uso de la fuerza letal en contra de estudiantes y civiles en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN) y deplora que no se haya permitido el acceso de asistencia médica”, escribió la vicepresidenta costarricense en su cuenta de Twitter la tarde del 14 de julio. Campbell reaccionó al ataque de fuerzas del gobierno contra estudiantes universitarios atrincherados en la iglesia Divina Misericordia en Managua.

Como presidente del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), Costa Rica se sumó a Argentina, Canadá, Chile, Colombia, Estados Unidos y Perú al presentar una resolución contra la escalada de violencia en Nicaragua este 13 de julio.

Carlos Alvarado, presidente costarricense, aprovechó la reunión de jefes de Estado del Sistema de Integración de Centroamérica para defender el derecho en cualquier lugar del mundo a manifestarse. Preocupado por la escalada de violencia en su país vecino, Alvarado sostendrá una reunión el 16 de julio con el secretario general de la Organización Naciones Unidas, Antonio Gutierres, en San José para analizar la problemática nicaragüense.

La tensa situación en Nicaragua ya ha traído consecuencias en Costa Rica. Las exportaciones ticas hacia su país vecino y las naciones del Triángulo Norte de Centroamérica se vieron afectadas desde abril, cuando Nicaragua cerró sus fronteras. 92% de esas exportaciones se realizan por tierra.

La crisis obligó a los gobiernos de Costa Rica y El Salvador a implementar un sistema de transporte marítimo por ferri para reducir las complicaciones para el comercio centroamericano. Desde el 12 de julio se convocaron a empresas navieras para que se contacten con los concesionarios de puertos en ambos países y ofrezcan sus servicios.

En San José aumentaron significativamente las solicitudes de refugio solicitadas por nicaragüenses. En junio la Dirección General de Migración recibió 1,449 solicitudes, de las cuales solo el 6% se aprobaron por no cumplir con los requisitos para refugio dispuestas por Costa Rica.

Según datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), 287,766 nicaragüenses residen de manera legal en Costa Rica

 

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