La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) pidió a México que preste atención a las informaciones en la prensa sobre presuntos casos de corrupción transnacional que implican a empresas e individuos de su país.

En su informe de supervisión sobre cómo se aplica su Convención contra la Corrupción Transnacional de Funcionarios Extranjeros presentado hoy, la OCDE recomienda que México adopte “urgentemente” medidas para tener en cuenta lo que revelan los medios de comunicación internacionales.

En concreto, sugiere que las embajadas deberían ocuparse de hacer ese tipo de búsquedas y traducir las informaciones de los medios extranjeros cuando contienen alegaciones de que empresas mexicanas han corrompido a individuos.

Esta propuesta inédita parte de la constatación de que en México sólo se están investigando actualmente cuatro casos, y todos ellos fueron señalados por el grupo de trabajo contra la corrupción de la OCDE porque los vio publicados en la prensa.

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De hecho, el grupo de trabajo considera que la situación de la lucha contra la corrupción transnacional en ese país genera “serias preocupaciones”, sobre todo teniendo en cuenta que en los 19 años que la convención para combatir ese fenómeno lleva en vigor no se ha instruido un solo caso.

Esa preocupación se justifica teniendo en cuenta la importancia de las exportaciones mexicanas en sectores de “alto riesgo de corrupción” como la industria extractiva, la producción manufacturera y los productos agrícolas.

Para el conocido como “club de los países desarrollados”, que ha terminado la cuarta fase de evaluación de cómo se aplica su convención, México tiene que dar “más prioridad” a la lucha contra la corrupción transnacional.

México no es el único país que no ha instruido ningún caso en el marco de ese convenio, ya que eso mismo ocurre en 22 de los 41 que lo han ratificado.

Pero sí que es el país de la organización en el que hay una mayor percepción de corrupción, según el índice que elabora Transparencia Internacional, que la OCDE reproduce en su estudio.

Sus autores reconocen que se han llevado a cabo una serie de reformas que han conducido a la creación del Sistema Nacional Anticorrupción y reconocen que una vez enteramente desplegadas “podrían reforzar” la aplicación efectiva de su convención.

Formulan una lista de recomendaciones para la puesta en marcha urgente de esas reformas, que incluyen la designación de un fiscal especial anticorrupción, el nombramiento de jueces en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, del Fiscal General, y aplicar el nuevo protocolo anticorrupción.

 

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