La Organización insistió en proteger a los menores centroamericanos que han cruzado la frontera sin compañía, luego de que el presidente Barack Obama Obama ha dicho que deportará a la mayoría porque no califican para asilo o como refugiados.

 

Reuters

GINEBRA – La alta comisionada de derechos humanos de Naciones Unidas, Navi Pillay, expresó el jueves su preocupación por lo que dijo son planes del Gobierno de Estados Unidos para deportar a decenas de miles de menores sin compañía que han entrado al país en los últimos meses.

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Unos 57,000 niños de Centroamérica han sido detenidos tras cruzar, sin sus padres, la frontera entre México y Estados Unidos en nueve meses hasta el 30 de junio.

El Gobierno del presidente estadounidense Barack Obama ha dicho que enviará a la mayoría de los niños a sus países porque no califican para asilo o como refugiados.

Pillay instó a Washington a proteger a los niños inmigrantes e investigar decenas de reportes de que funcionarios han abusado de ellos.

“Estoy especialmente preocupada porque Estados Unidos parece estar dando pasos para deportar a la mayoría de estos niños”, dijo Pillay en una rueda de prensa en Ginebra.

“Hay casi 100 reportes de abusos verbales, físicos y sexuales de agentes hacia niños, presentados en un queja por una ONG (Organización No Gubernamental)”, dijo Pillay.

La funcionaria pidió que el Gobierno de Obama tome cartas en el asunto con rapidez.

“Estados Unidos necesita investigar urgentemente todas las acusaciones de abusos a los derechos humanos contra niños y castigar severamente a quienes los perpetran”, dijo la ex jueza de crímenes de guerra.

Obama había instado la semana pasada a los presidentes de Guatemala, Honduras y El Salvador a trabajar con él para frenar el flujo de migrantes y dijo que la mayoría no calificaba para quedarse en el país con el estatus de refugiados.

Sin embargo, Pillay dijo que los niños sólo deben ser devueltos cuando esté garantizada su protección en los países a los que regresan.

La detención forzada de menores inmigrantes debería ser “la última opción” porque contraviene el principio legal de defender los intereses de los niños, añadió.

 

 

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