Las designaciones de titulares de órganos autónomos del gobierno federal o representantes del poder judicial en esta administración se llevan a cabo a través de procesos poco transparentes y sin privilegiar la experiencia profesional de los aspirantes sino su cercanía y lealtdad con ciertos círculos de poder.  La renuncia poco argumentada de Eduardo Medina Mora a su posición como ministro de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) representa de forma perfecta los vicios de origen de dichos procesos, advierte Itzel Checa, coordinadora del Observatorio Ciudadano de Designaciones Públicas iniciativa impulsada por Fundar, Centro de Análisis e investigación.  La especialista señala que desde la designación de Medina Mora en 2015, diversos organismos de la sociedad civil y ciudadanos cuestionaron la idoneidad de su perfil profesional para este puesto.  Su renuncia se relacionó con las revelaciones periodísticas señalaron que el gobierno de Reino Unido, mediante la National Crime Agency, detectó transferencias millonarias hechas desde México a cuentas del ministro de la SCJN por 2 millones 383,526 libras esterlinas, los cuales le fueron depositados en los dos últimos años. El exministro fue identificado como un cercano a  Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, al ser titular del CISEN, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), la Procuraduría General de la República (PGR) y las embajadas de México en Reino Unido y Estados Unidos. Lee también: Aprueban en el Senado renuncia a la SCJN de Medina Mora “No se ha dado una discusión profunda en términos de la idoneidad de los perfiles y que lo que vemos a grandes rasgos es que estás designaciones se enfocan en la lealtad, la cercanía a un grupo o a intereses específicos pero no a la trayectoria o independencia”, señaló la especialista en entrevista con Forbes México.  El presidente de la República, en este caso Andrés Manuel López Obrador, es el encargado de presentar una terna de candidatos al Senado de la República quien a través de un proceso de evaluación y la votación de los integrantes tienen la facultad de elegir a uno de los tres, de acuerdo con el artículo 96 de la constitución mexicana.   Pero tanto el Ejecutivo Federal como el Senado no permiten la participación ciudadana o transparentan los métodos de evaluación de los candidatos, señaló la coordinadora del Observatorio. “En la mayoría de los casos se dan con opacidad, sin participación, sin mecanismos de rendición de cuentas y pues ahora que pareciera un descontento generalizado, nos parece que el Ejecutivo Federal tiene oportunidad de seguir un proceso distinto, un proceso que nos permita contar con tres perfiles, gran trayectoria, gran conocimiento y que nos garanticen independencia judicial porque es importante fortalecer al órgano máximo de justicia”, afirmó.  Checa recordó que en esta administración ya se han llevado a cabo designaciones a órganos autónomos que han sido cuestionados, como la designación del Fiscal General de la República cuyos candidatos (Bernardo Bátiz Vázquez, Eva Verónica De Gyvéz y Alejandro Gertz Manero) eran considerados cercanos a Andrés Manuel López Obrador.  En ese sentido, la especialista destaca la importancia de que en este proceso de designación se permita la participación ciudadana en la integración de la terna, generar un ejercicio amplio de escrutinio público, asegurarse que las personas seleccionadas tengan méritos y capacidades destacados.  Además también considera importante que la terna esté conformada por mujeres toda vez que actualmente la el pleno de la SCJN está conformado por dos mujeres y ocho hombres. Esto apoyaría a reducir la brecha de desigualdad que hay en este órgano.   Lee también: Órganos autónomos y cuotas de partidos

 

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