Evaluaciones del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos sugieren a los proveedores de servicios de salud continuidad de la atención y retención de pacientes.

 

 

Por Ignacio García-Téllez

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En mayo de 2003 se definió al Sistema de Protección Social en Salud (SPSS), mejor conocido como Seguro Popular. Con la creación de esta institución se dio paso a una importante estrategia para subsanar la carencia de una política de atención a las necesidades y condiciones de salud de la población sin acceso a los servicios a cargo de las instituciones de seguridad social. Dos razones muy importantes impulsaron la creación del Seguro Popular:

  • La transición epidemiológica en la que cada día aparecen más enfermedades crónicas como las cardiovasculares, diabetes, hipertensión, cánceres.
  • El fuerte gasto de bolsillo para tener acceso a consultas, tratamientos y servicios médicos en general.

Con el objetivo de dar cobertura a la mayor cantidad de población a partir de la situación epidemiológica y el gasto de bolsillo, el Seguro Popular incorporó el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos (FPGC), que inició en 2004 para apoyar la estrategia del gobierno de hacer efectivo el derecho a la salud.

Por ley, el fondo recibe 8% del presupuesto del Seguro Popular. Proporciona recursos monetarios a través de un fideicomiso a los prestadores de servicios acreditados y con convenios firmados de las 32 entidades federativas para atender 59 enfermedades definidas por el Consejo de Salubridad General como de alto costo por su complejidad y especialidad, que pertenecen a categorías como:

  • Cuidados intensivos neonatales.
  • Trastornos quirúrgicos, congénitos y adquiridos.
  • Enfermedades metabólicas.
  • Cáncer (de mama, cérvico-uterino, próstata, colono-rectal).
  • VIH-sida.
  • Infarto agudo de miocardio.
  • Hepatitis viral crónica tipo C.
  • Trasplante de médula ósea.

Los proveedores de servicios del fondo cuentan con distintas fortalezas que requieren ser identificadas, por lo que la asignación de recursos se debe fundamentar en minuciosos análisis de costo efectividad entre intervenciones y proveedores; así se garantiza que el dinero sea conducido a prestadores de servicios de calidad que realmente brindarán una atención oportuna y adecuada a los pacientes.

De acuerdo con el Libro Blanco 2006-2012 del Seguro Popular, el presupuesto anual promedio ejercido por el FPGC es de poco más de 7,800 millones de pesos. Entre 2007 y 2013 el presupuesto del fondo creció en términos reales alrededor de 9% anual. De acuerdo con el informe de resultados 2013 del Seguro Popular, la atención a beneficiaros de esta institución, a través del uso de dinero del fondo, la proporcionan 208 prestadores de servicios; 25% de ellos se encuentran en el Distrito Federal y en el Estado de México. Otras entidades con fuerte presencia de proveedores del FPGC son Guanajuato, Jalisco y Tamaulipas. A través de estudios acerca del potencial de mercado se puede identificar la viabilidad para el desarrollo de proveedores de servicios, desde específicos hasta integradores.

Evaluaciones del FPGC, como la del Instituto Nacional de Salud Pública, sugieren fortalecer la continuidad de la atención y la retención de pacientes, como parte de los retos para los proveedores del mismo, de forma que al paciente se le atienda integralmente con calidad y oportunidad en la detección temprana, el diagnóstico certero, tratamiento pertinente y seguimiento puntual, y no sólo cobrarle por evento(s) específicos como urgencias, pruebas clínicas, consultas o cirugías; es decir, resolver su problema de fondo y no únicamente trasladarlo a futuro, con la inminente complicación en el estado de su enfermedad.

 

Ignacio García-Téllez es director de Farmacoeconomía y Deals de Salud de PwC México ([email protected]).

 

 

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