ONGs nacionales e internacionales rechazan Ley de Seguridad Interior

Foto: @SEDENAmx

Organizaciones civiles y organismos nacionales e internacionales advirtieron peligros en la Ley de Seguridad Interior, aprobada por la Cámara de Diputados el pasado 30 de noviembre.

Agrupados en el colectivo Seguridad sin Guerra, ciudadanos, académicos y representantes de 140 organizaciones civiles en México, aseguraron que la aprobación de la legislación crea un marco de operación militar sin rendición de cuentas, así como un empoderamiento del poder Ejecutivo.

“El Estado mexicano debe atender las exigencias de las organizaciones sociales” solicitó la Organización Mundial Contra la Tortura, al pedir al Senado de la República que detenga el proceso de aprobación.

“Es un retroceso para los derechos humanos”, aseguró Tania Reneaum, directora ejecutiva de Amnistía Internacional México.

La activista consideró que la Ley significa una presencia permanente y sin transparencia de las Fuerzas Armadas en las calles del país.

Aprobar la legislación en los términos presentados prepara el terreno para que los derechos y libertades básicas de los mexicanos sean vulnerados, alertó por su parte la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Asimismo, indicó que esta propuesta no previene la violencia ni la inseguridad, en cambio plantea el uso de más violencia para restablecer la paz.

La Comisión Interamericana de Derecho Humanos (CIDH) externó también su preocupación ante la impunidad que prevalece respecto a las actividades de las Fuerzas Armadas en México.  Entre 2006 y 2016, la CNDH registró casi 11 mil quejas por violaciones de derechos humanos. Tan solo en 2017 se registraron 30 mil 942 desapariciones forzadas, sin contar personas migrantes, según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas.

En lugar de legislar para perpetuar el despliegue operativo de las Fuerzas Armadas, el colectivo Seguridad sin Guerra propuso las siguientes iniciativas:

  1. Respeto irrestricto al marco jurídico constitucional e internacional. La aprobación de una“Ley de Seguridad Interior” o de un capítulo de Seguridad Interior en la Ley de Seguridad Nacional, atentaría contra la Constitución y contravendría los tratados internacionales que México ha ratificado.
  2. Adopción de medidas excepcionales sólo a partir de los mecanismos ya previstos. La vía adecuada para despliegues extraordinarios del Ejército es el artículo 29 constitucional. Actualmente no contamos con una ley reglamentaria de este artículo, y no se cuenta con una iniciativa que contemple verdaderos contrapesos y mecanismos de vigilancia. Los proyectos en discusión no son acordes con las normas internacionales en la materia.
  3. Es fundamental un plan de fortalecimiento de las policías en todos los niveles de gobierno, cuyas normas y entrenamientos expresamente integren los principios de legalidad, proporcionalidad y absoluta necesidad. Además, es indispensable legislar sobre el uso de la fuerza.
  4. Reformar a las policías, sin embargo, no será suficiente. Es necesario reformar también las procuradurías, fortalecer al Poder Judicial y atender la crisis penitenciaria.
  5. Se deben cumplir las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y definir un plan de retiro paulatino de las Fuerzas Armadas de las tareas de seguridad.

Entre los miembros del colectivo, principalmente conformado por grupos ciudadanos estatales, destacan Artículo 19, Mexicanos Primero, Causa en Común, A.C. , el Centro Nacional de Comunicación Social, A.C (Cencos) y Servicios y Asesoría para la Paz, A.C.