¿Los partidos dejarán de generar acuerdos entre sus fracciones parlamentarias para influir en las designaciones realizadas por el Congreso?

 

 

 

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Una de las principales críticas a las designaciones realizadas por el Congreso de la Unión se basan en el hecho de que los partidos representados en él se reparten turnos de designación o cuotas para la integración, lo cual, en el caso la mayor parte de los órganos, puede redundar en la parcialidad de sus decisiones. En el caso de algunas reformas recientes, como la política y la de transparencia, se incorporó la posibilidad de que fueran designados por sorteo, en el caso de que no se alcanzaran los consensos para hacer las designaciones en una primera ronda.

El caso es que esa previsión en realidad se convierte en un incentivo para que los partidos se vean obligados a generar consensos para  concretar las designaciones que tienen que hacer, y no tengan que llegar a la última etapa del procedimiento. Sin embargo, sigue habiendo un acuerdo partidario sobre los tunos y los nombres de aquellos que resultan electos para cualquier cargo en cuestión.

Podemos entonces hacer varias preguntas: ¿Los partidos dejarán de generar acuerdos entre sus fracciones parlamentarias para influir en las designaciones? La respuesta es que no, y no lo dejarán de hacer porque está en su posibilidad seguir haciéndolo. No es ilegal ni es cuestionable en ese sentido porque la misma Constitución lo prevé, así como también contempla la decisión por mayoría, sea relativa, absoluta o calificada, dependiendo del tema. Si la mayoría se alcanza sobre un tema a discusión, pues no se requiere el consenso de todos.

¿Es deseable que los partidos dejen de generar acuerdos sobre las designaciones que se hacen? En realidad depende. El problema tal vez no es de los partidos, sino de quienes resultan designados. Los distintos órganos autónomos o para quienes se hacen designaciones, están regulados tanto por la Constitución como por distintas leyes que imponen principios de comportamiento. Uno de los más importantes tiene que ver con la imparcialidad y ésta no depende necesariamente de la no pertenencia de una persona a un partido o grupo político, sino de la posición que se toma con respecto a un tema en particular.

La intervención de los partidos genera equilibrios al interior de los órganos colegiados. En algunas ocasiones hay equilibrios dominantes, dependiendo de la fuerza política de dichos partidos, pero incluso podemos observar casos donde a pesar de que se dice que hay control de un grupo o partido sobre un órgano, las decisiones de los mismos pueden resultar contrarias a los partidos dominantes. De hecho, la no intervención de los partidos no garantiza tampoco imparcialidad, pues si se instrumenta la insaculación, pueden generarse desequilibrios en la integración de los órganos en cuestión.

¿La intervención de los partidos rompe con la ciudadanización de los órganos autónomos? En realidad, el argumento de la ciudadanización de los órganos no es necesariamente preciso. Por principio son parte de la estructura de gobierno, aunque no son necesariamente parte de la administración pública porque no están sujetos al Ejecutivo, sino más bien a los tres poderes de la Unión o, en su caso, de los estados. Pero siguen siendo entidades de gobierno, con naturaleza política, operados por servidores públicos sujetos a las leyes correspondientes y también son ciudadanos. Pero no por ser ciudadanos dejan de ser servidores públicos. El argumento de la ciudadanización aporta fundamentalmente legitimidad a la permanencia del órgano como tal, pero no necesariamente los ciudadanos son apartidistas o desinteresados, al contrario, el argumento de la democracia es que así deben serlo.

En México, debemos llamar a las cosas como son, pues de otra manera la legitimidad de las organizaciones públicas entra en cuestión. Si no entendemos que así funciona la democracia, entonces podemos entrar en espacios de frustración aderezados por los medios de comunicación. En otros países la designación partidaria es abierta, por lo que se cuida más no únicamente el perfil, sino la actuación de los funcionarios. Un acierto en México es que aquellos que llegan a la etapa final, pasaron por un filtro construido por “especialistas”, lo que da legitimidad, aunque aún falta mucho por avanzar, pues ese filtro también debe tener transparencia y claridad en la forma en que toma decisiones.

 

 

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