A lo largo de la administración del presidente López Obrador, ha planteado una discusión en torno al papel de los órganos constitucional autónomos en el contexto de la administración pública en México. En buena medida, la animadversión presidencial contra ellos radica en el hecho de que son espacios de decisión pública sobre áreas económicas o políticas, que fueron construidos o alejados de la esfera de decisión del ejecutivo federal, debido a los distintos procesos de construcción democrática que se vivieron a lo largo de las últimas tres décadas.
Para el presidente, estos órganos fueron creados para derrochar y simular, además de robar, pero no cumplieron con las funciones que debían realizar, pues su desempeño es dudoso y con escasos resultados. En ese sentido, se incluyen a organismos y dependencias que, parecen autónomos o independientes del ejecutivo, por lo que no se hace distinción alguna entre ellos.
En realidad, el presidente ubica bajo un mismo cajón a una diversidad de organizaciones, algunas son autónomas, pero otras dependen del mismo ejecutivo bajo diversas modalidades, ya sea como órganos desconcentrados o descentralizados, aunque todos estos aspectos técnicos no sean relevantes, pues al final se trata de espacios de decisión que el presidente cree que deben ser suyos.
La constitución otorga distintos tipos de autonomía, por ejemplo, técnica, financiera, administrativa, funcional, etc., por lo que no todos los órganos autónomos son iguales en términos de su configuración, objeto, capacidades, alcances, etc. Hay otras entidades como el mismo Conapred que ha sido fuertemente cuestionada en estos días por el presidente, pero que es un organismo descentralizado pero sectorizado en la secretaría de gobernación, no es en realidad un órgano autónomo, más que en sus decisiones.
La configuración de órganos autónomos no se dio porque el Estado no pudiera cumplir con funciones en particular, sino que fue una fórmula que se desarrolló en el mundo y en México, en el contexto de los procesos de democratización, donde se asumió que las y los gobernantes podrían no ser expertos en ciertas áreas, o que las administraciones debían avanzar en espacios que requerían de especialización o, como en el caso del Conapred por las demandas de grupos sociales para la atención de problemáticas específicas que requerían de legitimidad política para avanzar en su tratamiento.
Los órganos autónomos no son contrapesos al poder político como se ha planteado en diversos espacios, pues sólo establecen límites a las capacidades y atribuciones de las dependencias del Estado, en términos de la especialización de sus funciones, pero no establecen contrapesos porque no compiten con otros órganos del Estado en la forma y sentido de las decisiones que toman. En ese sentido, la misma SCJN ha dado la razón a órganos autónomos, cuando dependencias de los poderes ejecutivo y legislativo han buscado contradecir decisiones de dichos órganos, por considerarlas invasivas de sus atribuciones.
En el contexto de los regímenes democráticos, la participación de grupos sociales, económicos, políticos, etc., en espacios de decisión que antes se concentraban únicamente en algunos actores, ha impreso de legitimidad democrática a espacios de conflicto que antes se resolvían de manera autoritaria o no se resolvían. Ante los excesos del poder individual, los órganos autónomos han contado con espacios de decisión colegiada, que es uno de los elementos del buen gobierno democrático, lo que no queda con el estilo de la administración actual.
En esta discusión, es un acierto decir que en diversos órganos autónomos se han cometido excesos y omisiones, lo cual puede solucionarse no únicamente a partir del diseño, sino también de las reglas que, aquí si, los poderes del Estado les imponen. Pero acabar con ellos, implicaría la posibilidad real de que el ejecutivo buscara apropiarse de dichas atribuciones, como el presidente lo ha dicho para algunos casos y algunas dependencias ya lo han intentado a través de regulaciones menores, como el caso de la Secretaría de Economía con el Proyecto de Norma Mexicana PROY-NMX-CC-54001-IMNC-2019, que buscaba regular sistemas de gestión de calidad en los órganos electorales.
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