El Programa Jóvenes Construyendo el Futuro pagó los apoyos a personas fallecidas y tuvo entre sus principales beneficiarios a personas que trabajaron para instancias de gobierno, reportó el sábado la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
En su informe individual de 2019, señala que se pagó el apoyo correspondiente a un mes a 68 jóvenes beneficiarios después de su fallecimiento, con lo que sumó un total de 482.4 mil pesos.
“Se determinaron transferencias bancarias realizadas con fechas posteriores a las fechas de fallecimiento de 68 beneficiarios durante el ejercicio 2019 por un importe total de 482.4 miles de pesos, lo que constató la falta de acciones para verificar, monitorear y dar seguimiento al desempeño del Programa en incumplimiento a lo establecido en el artículo 16, fracciones XI y XIX, del Reglamento Interior de la Secretaría del Trabajo y Previsión; por lo que, no se cumplió con lo indicado en el artículo 134, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”, refiere el informe de la ASF.
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De acuerdo con la STPS, los encargados de dar de baja a los beneficiarios del programa son los Centros de Trabajo, por lo que a partir de enero pasado se acordó que se revise bimestralmente con el Registro Nacional de Población la lista de beneficiarios.
Aunado a ello, la ASF detalló que la STPS no reportó la vía por la que se realizará la recuperación de los recursos, por lo que la observación del ejercicio indebido del presupuesto persiste.
La ASF también identificó que durante 2019 los centros de trabajo que registraron a mayor número de becaros fueron instancias de gobierno: la Coordinación General de Programas Integrales de Desarrollo con 41,815 jóvenes; la Secretaría de Bienestar con 26,939; el Consejo Nacional de Fomento Educativo con 21,559; la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural con 19,519; y la Coordinación Nacional de Protección Civil 10,797; lo que en su conjunto representan el 10.7% de los becarios registrados en ese año.
“Como puede observarse, los Centros de Trabajo con mayor número de beneficiarios del Programa son entidades de gobierno, con lo cual, se constató que un porcentaje significativo de beneficiarios se concentró en entidades del sector público”, dice el documento.
En su reporte, la ASF también señala que de los 195,454 centros de trabajo que registraron a 1.1 millones de personas como aprendices, 57,418 no presentaron RFC en su registro en la plataforma digital del programa. Además, resaltó que los estados de Chiapas, Edomex, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Tabasco y Veracruz concentraron a 60.9% de los jóvenes.
Evaluación no mide los objetivos del programa
En tanto, la ASF también se señala que las evaluaciones que se realizaron a los aprendices durante su estancia en los centros de trabajo no aportan a medir los avances de los objetivos del programa, además de que ofrecen calificaciones subjetivas que miden si los evaluadores están de acuerdo con los avances.
“Las evaluaciones realizadas a los becarios no cuentan con los elementos suficientes para poder acreditar que cumplieron con los objetivos y las actividades previstas en el Plan de Capacitación que elaboró el Centro de Trabajo; toda vez que, incluyen únicamente se indican cuatro conceptos a evaluar: ‘asistencia’, ‘respeto al Centro de Trabajo’, ‘desempeño’ y ‘actitud’, los cuales son evaluados señalando cualquiera de las cinco
opciones siguientes: ‘Totalmente de Acuerdo’, ‘De acuerdo’, ‘Medianamente de acuerdo’, ‘En desacuerdo’ y ‘Totalmente en desacuerdo'”, refiere el análisis.
El reporte encontró además centros de trabajo que no recibieron visitas de inspección de parte de la STPS, o anomalías como reportes que no cuentan con firmas de los tutores de los centros de trabajo, o centros de trabajo en casas habitación y los cuales jamás contestaron el teléfono a los “Mentores de la Nación”.
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