Tal como hiciera el PRI con gobernador veracruzano Javier Duarte, ahora separado del cargo, el Partido Acción Nacional decidió suspender los derechos de militancia del ex gobernador sonorense Guillermo Padrés, medida que aseguró no tiene nada que ver con el llamado del partido en el poder para deslindarse de una figura que es investigada por actos de corrupción. “El Pleno de la Comisión Anticorrupción del PAN acordó suspender, como medida cautelar, los derechos del militante Guillermo Padrés Elías”, informó Luis Felipe Bravo Mena, presidente de la Comisión Anticorrupción del partido. Esta mañana, en entrevista para el programa “Ciro Gómez Leyva por la mañana”, que la decisión albiazul no tiene que ver nada con las declaraciones previas del presidente del PRI, Enrique Ochoa Reza, quien exigía al PAN hacer una limpieza interna ante las acusaciones que pesan sobre el ex gobernador de militancia panista. Ayer, a través de un comunicado, el panista señaló que se trata de una medida provisional mientras se llevan a cabo las investigaciones por las acusaciones de probables delitos relacionados con corrupción. Bravo Mena calificó de “ridícula” tal petición y precisó que se trata de una coincidencia con el inicio del proceso del PAN contra Padrés. También recomendó a Ochoa Reza ser prudente y empezar primero por “su muy sucia casa” antes de querer ganar la nota con declaraciones sobre el actuar de otros partidos. “No es la presión del PRI, nada que ver con esta exigencia ridícula del presidente del PRI, de que ellos nos han exigido y que por eso estamos actuando, Enrique Ochoa tendría que comenzar por la propia casa, con su colega ex presidente del PRI, Moreira, y de ahí seguirse con muchos otros gobernadores, mejor que sea prudente y que no esté tratando de ganar una nota cuando tiene la casa muy sucia”, dijo. Por otra parte, agentes de la Policía Federal Ministerial (PFM) buscan a Padrés en Sonora, ya que se desconoce su paradero desde finales de septiembre. El pasado 29 de septiembre, se giró una orden de aprehensión presentada por la Procuraduría General de la República, solicitada al Poder judicial de la Federación, en contra del ex gobernador de Sonora por el presunto desfalco de las finanzas del estado por cerca de 32,000 millones de pesos. También, jueces federales libraron 11 nuevas órdenes de aprehensión contra ex funcionarios de la administración de Padrés, y la PGR está a la espera de que se conceda el ejercicio de acción penal en contra los ex servidores públicos acusados de incurrir en actos de corrupción.

 

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