De moneda en moneda, los parquímetros captarán en los próximos tres años más de 1,390 millones de pesos anuales. Pero aún no está claro quiénes se benefician con el dinero que, en el papel, debería usarse en mejoras urbanas.

 

Por Jorge Cervantes

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Martha Cueli era enemiga de los parquímetros. Vive y trabaja en la Condesa, un barrio de moda en la Ciudad de México, saturado de restaurantes, cafeterías, bares y algunas oficinas. Estacionarse en sus calles era una hazaña, aun dando propina a los supuestos cuidadores o ‘franeleros’.

A mediados de 2013, a la Condesa llegaron los parquímetros, en los que por unas monedas se compra el derecho a estacionarse en la calle hasta por seis horas. Los beneficios que ello trajo a la circulación en la zona hizo que Cueli cambiara de opinión e incluso se convirtió en defensora de los parquímetros.

Desde que llegaron los primeros aparatos a la ciudad en la década de 1990, su avance ha sido constante. Hoy son parte de la estrategia del Gobierno del Distrito Federal (GDF) para mejorar la movilidad, pero al mismo tiempo están en el centro de la polémica, pues son fuente segura de dinero para la burocracia, sobre la cual no tienen que rendir cuentas.

Vecinos organizados del centro de Coyoacán, un barrio turístico en el sur de la ciudad, son los únicos que impidieron la llegada de parquímetros. Nadie tiene derecho a privatizar las calles, dice Ofelia Sánchez, integrante de una organización que se movilizó en contra de los aparatos. Hoy en día, esta zona de Coyoacán sigue en manos de los franeleros, quienes imponen cuota por estacionarse a los miles de visitantes.

El orden relativo que llevaron los parquímetros a las calles ha hecho que los capitalinos pierdan de vista el negocio que está detrás, la discrecionalidad con la que se otorgan los permisos a las empresas que los operan y el uso que dan las autoridades a la contraprestación que reciben. Otras ciudades del país también tienen programas de parquímetros.

La tarifa que pagan los automovilistas está regulada y es de dos pesos por cada 15 minutos.

Con las nuevas zonas que se sumarán al programa en el Distrito Federal en los próximos tres años, se estima que la recaudación total ascenderá a unos 1,392 millones de pesos (mdp) anuales. Ese monto equivale al presupuesto que recibe este año el Metrobús, que construye su sexta línea.

Por concepto de contraprestación, las autoridades se quedan con 30% de ese monto, unos 417.6 mdp.

Desde el año 2004, las empresas que operan los parquímetros obtienen permisos a 10 años prorrogables —antes eran concesiones a 30 años y la contraprestación era de sólo 16%.

Cada Permiso Administrativo Temporal y Revocable (PATR) se otorga en exclusiva a una empresa para una determinada zona, por tanto es el acceso a un mercado cautivo y sin competencia.

La entrega de estos permisos se hace en opacidad: son por asignación directa y ni las delegaciones ni el GDF informan el criterio utilizado.

En el papel, el destino del dinero captado en los parquímetros se usa en proyectos de recuperación de los espacios públicos, conforme con lo que defina el Comité de Transparencia y Rendición de Cuentas de cada colonia (artículos 30 y 31 del Reglamento para el Control de Estacionamientos en las Vías Públicas del DF).

En los hechos, el destino del dinero es una incógnita. No hay evidencias de que se emplee como indica el reglamento ni de que los comités de transparencia y rendición de cuentas de las colonias funcionen o siquiera existan. No hay un calendario formal de entrega del dinero a los comités ciudadanos y pueden pasar meses sin que se tengan reportes sobre el tema, dijo a Forbes México un consejero de la delegación Cuauhtémoc, que pidió se omitiera su nombre.

Hay opacidad en torno de la forma como se adjudican los permisos, dijo hace dos años el jefe del GDF, Miguel Ángel Mancera, al diario El Universal, y se comprometió a hacer públicos los criterios de selección de las empresas. Hasta ahora, no lo ha cumplido.

Las empresas presentan sus solicitudes ante un área del GDF llamada Patrimonio Inmobiliario, para que un comité verifique si tiene la liquidez y la experiencia requeridos, explica Eduardo Aguilar Valdés, extitular de la Autoridad del Espacio Público.

Transparencia Mexicana ha buscado que los fideicomisos (contratos a donde va a dar el dinero de los parquímetros) sean sujetos obligados de la Ley de Transparencia, pero como no son recursos públicos, no lo ha logrado. Es lamentable que los operadores se amparen en que no están obligados a rendir cuentas para evadir dar información sobre sus actividades, gastos y utilidades, dice Eduardo Bohórquez, director del organismo.

En la página de ecoParq, el programa que organiza y regula los parquímetros, se incluye el desglose del gasto, aunque sin dar detalles, acepta Dhyana Quintanar, titular de la Autoridad del Espacio Público (AEP) del GDF. Y tampoco se hace del conocimiento público. “Esa información sólo circula en las juntas que realizan los comités”, agrega la funcionaria.

De las firmas que operan, así como de las que aspiran a operar parquímetros, se conoce todavía menos; en la mayoría de los casos, ni siquiera disponen de página de internet.

Se desconoce quiénes son los propietarios de Nueva Generación de Estacionamientos, la empresa que obtuvo el PATR para administrar los parquímetros en Coyoacán que no pudieron ser instalados. En cuanto a Operadora de Estacionamientos Bicentenario, que opera en Polanco y Anzures, sólo se conoce a través de la prensa que se fundó en 2010 y que sus propietarios son Juan Carlos Niembro Núñez, también director comercial de Corpogas, y Abel Mier Valcarcel. Respecto de Opevsa, las versiones indican que es de Luis Raúl Sarmiento del Valle.

Los operadores de parquímetros resguardan sus datos amparados en la Ley de datos personales, dicen fuentes de Seduvi consultadas. Mediante una solicitud de acceso a la información, Forbes México sólo pudo conocer los nombres de los representantes legales de Nueva Generación de Estacionamientos, Proyectos Estratégicos en Estacionamientos, Parquímetros y de Movilidad y Parqueo, Parquímetros Nuevo Siglo y Operadora de Estacionamientos Bicentenario. También que Moisés Zapan Mizrahi (vinculado con la empresa Tus Espacios Públicos, que tiene baños públicos en Tacubaya) es representante de Mojo Real Estate, la cual ya obtuvo un permiso para operar en Benito Juárez.

Los representantes de las empresas con mayor tiempo en el negocio, Opevsa y Operadora Bicentenario, no atendieron la petición de entrevista de Forbes México.

La Dirección General de Patrimonio Inmobiliario del GDF, donde se emiten los permisos para operar parquímetros, tampoco respondió a las peticiones.

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El lado A

Los parquímetros no son alcancías, dice Quintanar, de la AEP, sino una herramienta de gestión de movilidad y de ordenamiento del estacionamiento ilegal en las colonias.

En Polanco, una zona congestionada, el tiempo promedio para hallar en la calle un lugar para estacionarse, bajó de 20 a cinco minutos gracias a los parquímetros, según un estudio del Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo.

La primera empresa autorizada para operar estos aparatos en el DF fue Operadora de Estacionamientos Viales (Opevsa), en 1994. Pero 11 años más tarde sumaban alrededor de 29,000 parquímetros en las calles capitalinas.

Hay además contratos firmados para que nuevas empresas entren al negocio próximamente. Las siguientes colonias con parquímetros podrían ser Algarín y Tabacalera, en el Centro Histórico, dice Alejandro Fernández, exdelegado en Cuauhtémoc y hoy candidato a diputado de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF).

En Álvaro Obregón, el plan es instalarlos en el mercado Múzquiz y plaza San Jacinto, en San Ángel, dice el delegado Leonel Luna.

En 2018 podría haber unos 100,000 aparatos en el DF, según Quintanar. Si se considera que el año pasado la Operadora Bicentenario, con 16,720 cajones controlados captó 232.7 mdp pesos anuales, esos 100,000 aparatos podrían generar 1,391.9 mdp.

Una operación de parquímetros es simple y barata. Cada parquímetro cuesta 160,000 pesos y, por ejemplo, en la zona que abarca las colonias Roma y Condesa hay instalados 353 aparatos, para ordenar el uso de 5,535 cajones o espacios de estacionamiento. Eso significa una inversión en parquímetros de 56.5 mdp, señala Fernández. Entre enero a septiembre del año pasado esos aparatos captaron 58.3 mdp, según ecoParq. Operadora Bicentenario se queda con 4.1 mdp, pero de ahí paga mantenimiento y sueldos, a razón de 200,000 mensuales o 1.8 mdp por los nueve meses, según Fernández

Le quedan 2.3 mdp libres y las autoridades reciben los restantes 1.7.

Con base en la recaudación en enero de este año de 9 mdp, o 6.3 mdp una vez pagada la contraprestación, en la Roma-Condesa, se puede inferir que los 56.5 mdp gastados en la compra de los parquímetros de la zona pueden recuperarse en sólo nueve meses.

 

Qué hacer

La opacidad que acompaña a los parquímetros hace de ellos un tema atractivo para candidatos en campaña. El aspirante a delegado del Partido Acción Nacional, Chrystian Von Roehrich, propuso hace dos semanas que no se instale un parquímetro más hasta que se consulte a los ciudadanos sobre qué mejoras urbanas quieren que se hagan con el dinero de las contraprestaciones. Von Roehrich dejó la diputación en la ALDF y ahora busca ser delegado en Benito Juárez.

El perredista Fernández va en sentido opuesto al panista: fue delegado en Cuauhtémoc y ahora quiere llegar a la ALDF. Propone que las delegaciones administren los parquímetros y el dinero obtenido se distribuya 60% para la contraprestación y 40% para las empresas operadoras. Sugiere que la contraprestación se divida a partes iguales: una mitad para mejoras al espacio público y la otra para seguridad.

El político propone empezar con este esquema en Mixcalco, una zona popular y de gran actividad comercial, ubicada en el Centro Histórico y que cuenta con un mercado público.

En su propuesta, la empresa operadora en Mixcalco se recuperaría por el pago de una mayor contraprestación con una baja considerable de los costos, pues sólo instalaría tres parquímetros para regular entre 60 y 80 “cajones” en las calles que delimitan el mercado. Si las delegaciones administran los parquímetros, se evita que la antigua Opevsa, que tiene condiciones más benévolas, tome el control de esta zona.

Esta compañía opera 4,400 aparatos en las colonias Juárez y Cuauhtémoc y recauda en promedio unos 3.75 mdp mensuales, de lo cual entrega unos 600,000 pesos a las autoridades, según el exdelegado en Cuauhtémoc.

Fernández pide incluso revocar la concesión por 100 años de Opevsa, que le otorgó el exregente Óscar Espinosa Villarreal, de filiación priista. Un punto en el que no reparan los candidatos es la falta de competencia. Dado que la tarifa está regulada y que los parquímetros funcionan actualmente como monopolio natural, la competencia debiera de darse en la obtención de los permisos.

Ante la nula claridad con la que se asignan permisos o concesiones, Bohórquez, de Transparencia Mexicana, propone mecanismos claros y de competencia, y aplicar sanciones para evitar la corrupción. Sugiere asignarlos por licitaciones públicas bajo el modelo de “ofertas subsecuentes de descuentos”. Esto significa que se otorguen a quien oferte la contraprestación más alta, como en una subasta, y a partir de la base actual de 30%, pero también a quien dé la tarifa más baja y los mejores servicios.

Hay obras en la ciudad que se hicieron con dinero de los parquímetros. Ante reclamos vecinales, en los primeros meses de funcionamiento de ecoParq hubo proyectos aislados en banquetas, mejora de esquinas, cosas muy pequeñas, comenta Eduardo Aguilar Valdez, extitular de la AEP. También se hicieron obras más grandes como la rehabilitación de la avenida Álvaro Obregón, en la colonia Roma, y el cambio de pavimento y mejoramiento de banquetas en Presidente Masaryk, en Polanco.

Pero son casos aislados. Lo que impera es la polémica en torno al dinero que rodea a los parquímetros, que podría ir en aumento alentada por las campañas políticas para delegados y legisladores locales.

 

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