Aunque la paraestatal tenga menos carga en sus obligaciones laborales, su nueva ley puede crear un conflicto de intereses en el que la empresa siga siendo empleada con fines recaudatorios.

 

 

 

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La transferencia de parte de los pasivos laborales de Pemex a deuda pública no garantiza que la paraestatal opere con criterios de eficiencia y competitividad en su toma de decisiones, pues las leyes secundarias, que se discuten en la Cámara de Diputados para su aprobación, dejan riesgos para que aumente su productividad.

Específicamente, son dos los riesgos que pueden ir en detrimento de Pemex cuando sea una “empresa productiva del Estado”. El primero es que el consejo de administración de Pemex, formado en su mayoría por servidores públicos, no tenga los incentivos correctos para adoptar criterios de eficiencia y competitividad en su toma de decisiones, opina Ana Lilia Moreno, investigadora del Centro de Investigación y Desarrollo, AC (CIDAC).

El segundo riesgo es que, aunque se le denomine a Pemex empresa productiva del Estado, su nueva Ley dice que es “propiedad exclusiva del gobierno federal”; esto puede crear un conflicto de intereses y que la paraestatal siga siendo empleada con fines recaudatorios.

 

¿De qué tamaño son los pasivos?

El artículo tercero transitorio del dictamen de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y de la Ley General de Deuda Pública dice que “El gobierno federal podrá asumir una proporción de la obligación de pago de las pensiones y jubilaciones en curso, así como las que correspondan a los trabajadores en activo de Petróleos Mexicanos (…) siempre que, dentro de un año a la entrada en vigor del decreto, Pemex alcance un acuerdo para modificar el contrato colectivo de trabajo” con el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM).

Luis Videgaray, secretario de Hacienda, señaló en una nota publicada en un periódico de circulación nacional, que según los cálculos actuariales más recientes, el pasivo pensionario de Pemex ronda los 1.7 billones de pesos, cerca de 10% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional.

Para tener una idea del tamaño de la deuda que tiene Pemex con sus trabajadores, esta cantidad es equivalente a:

  • 22% de los recursos contemplados en el Programa Nacional de Infraestructura (PNI) 2014-2018 del gobierno, de 7.7 billones de pesos.
  • 23 veces la cantidad presupuestada en el rubro de salud en el PNI, compuesto de 87 proyectos, 23 de éstos hospitales nuevos, por un total de 72,800 millones de pesos.
  • Cuatro veces lo presupuestado en los 84 proyectos de infraestructura hidráulica contenidos en el PNI.
  • 2.8 veces los 138 proyectos contemplados para energía eléctrica (CFE) del PNI.

Videgaray señaló que con estos pasivos “la empresa pública de todos los mexicanos estaría en clara desventaja para competir”.

Ana Lilia Moreno, del CIDAC, coincide en que es necesario liberar a la paraestatal de parte de estas cuentas por pagar.

“Aunque la empresa sea muy prometedora tiene los ingresos comprometidos para pagar deuda, lo que la limita para hacer planes estratégicos de crecimiento. Algo se tenía que hacer con el pasivo, definitivamente.”

Por otro lado, tampoco considera adecuado que se librara a Pemex de todos los pasivos laborales,  pues ocasionaría otro desbalance, “que la empresa tenga exceso de activos y poco pasivo, y eso es un incentivo a la corrupción enorme”.

 

Incentivos alineados

La especialista indica que más allá de los beneficios que pudiera arrojar una reducción en el pasivo laboral de Pemex, debe preguntarse cuáles serán los incentivos para que la compañía adopte criterios de eficiencia y competitividad en su toma de decisiones.

“Los incentivos deben estar bien alineados para que los nuevos directivos de Pemex tomen las mejores decisiones en vista de productividad, de eficiencia y crecimiento a largo plazo. Lo malo es que el consejo de administración de Pemex está conformado, en su mayoría, por burócratas; eso es un riesgo. Es muy diferente cómo piensa un burócrata y un empresario.”

De acuerdo con la nueva Ley de Pemex, su consejo de administración estaría formado por 10 consejeros, entre ellos el secretario de Energía, el titular de la SHCP, tres consejeros designados por el gobierno federal, y cinco consejeros independientes que deberán ser ratificados por el Senado.

El incremento de la planta laboral en burocracia de la paraestatal es evidente en el área de Pemex Corporativo. De acuerdo con el informe anual de 2013, Pemex contaba con una planta laboral de 155,106 personas, de las cuales 26,727 son de Pemex Corporativo, 17.2% del total. En el año 2000 eran sólo 7,000 personas.

 

Empresa productiva del Estado… ¿o del gobierno?

Aunque con la reforma se le denominará a Pemex como “empresa productiva del Estado”, la nueva Ley de la paraestatal resalta que es “propiedad exclusiva del gobierno federal”.

“Aunque parezca un detalle semántico, tiene diferencias muy fuertes, porque el incentivo del gobierno es recaudar lo más que se pueda. Si el propietario es el gobierno, no tiene que rendirle cuentas a nadie sobre su toma de decisiones; en cambio, si fuera una empresa del Estado, en realidad el gobierno estaría encargado de administrar de la mejor forma para maximizar las utilidades”, explica Ana Lilia Moreno.

El afán recaudatorio del gobierno sobre Pemex puede verse en el Artículo 97 del dictamen de la Ley de Pemex y CFE. Se señala que Petróleos Mexicanos deberá entregar, a partir de 2016, un dividendo cuyo monto definirá la SHCP y estipulará la forma y los términos en que la empresa lo deberá pagar.

“Hay un margen de incertidumbre en el que no se sabe cómo tomará las decisiones Hacienda, pues dependerá de quién gobierne y del partido político que esté”, remarca la especialista del CIDAC.

 

 

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