Cuando se estableció el programa de Consideración de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) bajo una Orden Ejecutiva Presidencial en 2012, millones de inmigrantes indocumentados lo consideraron una luz potencial al final del túnel. La política se creó con la intención de proteger a los jóvenes que llegaron a Estados Unidos cuando eran niños y que cumplían los requisitos para permanecer legalmente en el país.

Aunque su propósito era proteger a los receptores del programa de ser deportados y permitirles obtener permisos de trabajo de forma temporal, DACA acabó por ser un sube y baja de dilemas legales. En un extremo del sube y baja, había una serie de facilidades que hacían la vida de los beneficiarios de DACA (también conocidos como Dreamers) más cómoda, como poder viajar libremente, obtener un permiso de conducir o abrir cuentas bancarias. En el otro extremo, se ponía en peligro el bienestar y la seguridad de los entre 10 y 15 millones de inmigrantes indocumentados que se calcula que no podían acogerse al programa.

Cuando un lado sube, el otro baja, así que dependiendo de la corriente política existente, siempre que los beneficiarios de DACA reciben ayuda, esto agrava la posición de los indocumentados. El hecho de que los responsables políticos estadounidenses no parecen capaces de llegar a un acuerdo sobre muchos de los retos a los que se enfrentan a diario los inmigrantes legales e ilegales agrava aún más el problema.

Encontrar un abogado verdaderamente comprometido con la defensa de los derechos de los inmigrantes puede ser un proceso difícil, lleno de complejidades que no hacen sino cuestionar aún más la estabilidad de la vida de los inmigrantes en Estados Unidos.

La abogada María Mendoza, con sede en Washington DC, y su bufete The Mendoza Law Firm son un destino al que acuden tanto inmigrantes documentados como indocumentados en busca de ayuda. Sin embargo, Mendoza reconoce que la puerta de su despacho no siempre es la primera parada.

“Muchas veces la gente tiene dificultades para trabajar con algunos abogados de inmigración”, explica. Encontrar al abogado adecuado es sólo una pequeña parte de la batalla que tienen que librar los inmigrantes. Dado que la naturaleza legal de sus problemas se deriva de un sistema inadecuado, para muchos no existe una forma correcta o sencilla de desenredarse de la red de las políticas del USCIS.

Además, los responsables de propiciar un cambio tan necesario se encuentran constantemente en los extremos opuestos de la cuerda.

“Creo que tiene que haber un debate muy serio y genuino sobre la reforma de la inmigración”, sostiene Mendoza. “Es algo que se discute constantemente en época de elecciones, pero nunca vemos ningún avance real ni ninguna solución concreta”. 

Esto deja tanto a los abogados como a sus clientes en una especie de limbo. La incoherencia de las políticas y las leyes en las distintas administraciones y estados conduce a un entorno inestable en el que los avances logrados por una administración suelen ser revertidos por la siguiente. Esto conduce a un ciclo frustrante de dos pasos adelante, un paso atrás.

Abogada María Mendoza.
Abogada María Mendoza.

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