Uno de los problemas más graves para Pemex es su vulnerabilidad. La red de ductos es difícil de proteger y es conocida en los poblados por los que cruza.

Esto quedó evidenciado hace algunos años, cuando el Ejército Popular Revolucionario (EPR) hizo estallar tubos de distribución en Salamanca, Guanajuato.

Esta fragilidad ha sido bien aprovechada por grupos delincuenciales para el robo de combustible desde hace varios años.

Las estrategias para enfrentar el huachicoleo se han diseñado, en el pasado, más para administrarlo, entre otros motivos porque no es un delito grave, que para acabar con esa conducta.

Esto es así, porque hay una fuerte densidad criminal, que se expresa en el apoyo de pobladores y en la participación en lo que es un negocio bastante redituable.

Hay todo un circuito de colaboración que cuenta con protección de autoridades, sobre todo locales.

Organizaciones como los Zetas, sobre todo en el pasado, y el Cartel de Jalisco Nueva Generación, en la actualidad, han hecho del robo y venta de gasolina una de las variables más importantes de sus ingresos.

No juegan, corrompen y matan si es necesario. Hay trabajadores de Pemex, además de policías, que han perdido la vida enfrentándolos.

Esto es, una parte del desafío es que hay que golpear al crimen organizado y otra la que tiene que ver con la dimensión social del problema.

Lo que ocurrió con la retención de soldados en Tula, Hidalgo y los sabotajes en el ducto de Tuxpan- Azcapotzalco son ejemplo de ello.

La Policía Federal ha tenido, a lo largo de los años, enfrentamientos con células de huachicoleros que luego son respaldados por lugareños, llegando a altos momentos de tensión.

El ex sectario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida lo explicó, hace unos días, y puso en énfasis en la explosividad social del asunto.

Por eso sería conveniente el impulsar un esquema que permita desarticular a los bandidos y por otro lado el construir un ambiente de inversión en desarrollo que permita alternativas de empleo en los lugares donde la densidad criminal es mayor.

No se trata de dádivas o becas, porque ellas nunca serán suficientes ante posibilidades de ingresos que van creciendo en los merados ilegales.

Tampoco parece acertada la decisión de cerrar los ductos para terminar con la ordeña, porque cuando vuelva la normalidad en la distribución de combustible, el problema continuará presente. Cambiar la logística parece muy complicado e inclusive costo.

Más bien hay que optar por una estrategia de largo plazo y por una política pública que permita cambios de fondo.

Las consecuencias del desabasto pueden ser muy perniciosas y reflejan un menosprecio por las opiniones y sabiduría de los funcionarios públicos con experiencia.

A estas alturas queda claro que tampoco fueron acertadas las evaluaciones sobre las capacidades de respuesta del crimen organizado.

El actual gobierno cuenta con un gran apoyo, pero no debe gastarlo en aventuras sin metas ni plazos de conclusión, porque ello se puede convertir en un bumerán, tarde o temprano. Es jugar con fuego y cargados de estopas.

 

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