La política energética del país está en muchas manos. Una verdadera reforma dejaría en la Sener la política energética, en Pemex la operación petrolera y la SHCP estaría fuera de este tablero.

 

Por Zacarías Tamayo y Orquídea Soto

 

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En Ingleside, un pueblo texano de cara al Golfo de México, se construyen los más grandes buques-plataforma. Estos gigantes cuestan millones de dólares y son visibles a más de 30 kilometros. Para 2015, las grandes petroleras gastarán 16,000 millones de dólares (mdd) en estos colosos flotantes, estiman firmas especializadas como Global Hunter Securities.

No es casualidad. Debajo de la superficie del Golfo de México hay vastos yacimientos de petróleo y gas y parte de ellos se encuentran  en territorio mexicano, pero el país no puede llegar a ellos. Se estima que en aguas profundas del Golfo hay unos 30,000 millones de barriles sin explotar.

Pemex, la única facultada para extraerlo, no puede hacerlo por sí sola. De acuerdo con el Índice de Competitividad Internacional 2013 del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), hacer un pozo en aguas profundas cuesta hasta 250 mdd. Además, según la experiencia en Perdido, el mayor proyecto en el lado estadounidense del Golfo de México, a 13 kilómetros de la frontera con México, hay que montar instalaciones submarinas y eso cuesta de 6,000 a 15,000 mdd. Por tanto, añade el reporte, desarrollar un campo similar en el lado mexicano del Golfo consumiría poco menos del presupuesto de Pemex.

Pemex necesita 825,000 millones de pesos (mdp) para aprovechar su potencial, pero su presupuesto es de apenas 26,000 mdp, dice Montserrat Ramiro, coordinadora del Índice.

Sabedor de las oportunidades perdidas, México se dispone a debatir la reforma más importante de los últimos tiempos y a definir una nueva política energética.

 

Industria compartida

Las petroleras son un sector poderoso. Lo encabezan compañías como ExxonMobil, Chevron, BP, Royal Dutch Shell y Conoco Phillips. La suma de ingresos de esas cinco firmas equivale a más de 10% del PIB de Estados Unidos (el mayor en el mundo y que en 2011 ascendió a 15 billones de dólares), dice el Servicio de Investigación del Congreso de Estados Unidos.

Ante los altos precios del petróleo y el embargo petrolero de los países de Medio Oriente en los 70, estas compañías dedicaron grandes cantidades a investigación y desarrollo de software y equipos para exploración. Gracias a ello llegaron a yacimientos desconocidos en aguas profundas y a los llamados no convencionales, como el gas y petróleo incrustado en roca (de lutitas).

Es por eso que Estados Unidos tiene el mayor potencial de hidrocarburos del mundo y en dos años habrá superado a Rusia en la producción de gas. Antes de que termine esta década, también rebasará a Arabia Saudita como el mayor productor de crudo.

Ese auge puede darle ventajas a México. Aunque eso no significa que las petroleras tocarán las puertas de Pemex al día siguiente de aprobada la reforma (en caso de que esto ocurra). El paquete de cobros que diseñe el gobierno, a cambio de permitir la explotación de sus yacimientos genéricamente conocido como government take, será factor clave.

El government take se calcula sobre las ganancias, y quienes cobran la tasa más baja (30%) son Polonia y la provincia de British Columbia, en Canadá. En contraste, la más alta (95%) la aplican Venezuela, Malasia y Libia. El paquete incluye impuestos, regalías, venta de bases de licitación y todo tipo de cobros por dar acceso a los recursos naturales, y se diseña con base en los precios del crudo, las características y tamaño del yacimiento en cuestión y lo que costó explorarlo; así como la profundidad del yacimiento y la distancia e infraestructura para transportar el energético extraído.

En aguas profundas del Golfo de México, donde México tiene campos que pudiera abrir a la inversión privada, Estados Unidos aplica un government take que va de 53 a 90%, con un promedio de 64%, señala un análisis de la consultora IHS. México también tendría que definir el esquema de participación para las petroleras.

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El modelo a seguir

Pero centrar todo en la renta petrolera no es lo más inteligente. Noruega tiene una historia corta como país petrolero, pero en ese tiempo articuló una estrategia en torno al petróleo que le ha permitido maximizar los beneficios de los energéticos y distribuirlos a empresas y ciudadanos. Cada uno de los cinco millones de noruegos es dueño de 130,000 dólares administrados en un fondo de pensiones que se alimenta con ingresos provenientes de la renta petrolera.

El modelo mexicano que se adopte no tiene que descubrir el agua tibia, dice Reyes Heroles, también ex secretario de Energía. “El modelo noruego es el más exitoso para mí”, agrega. Noruega ha sido eficaz en el desarrollo de proveeduría local; además, las empresas noruegas venden barcos, plataformas, equipos y servicios en todo el mundo.

En Noruega hay una regla de oro, dijo el ministro de Petróleo y Energía, Olen Borten Moe. La regla es que sólo 4% de los ingresos del petróleo va al presupuesto nacional. El porcentaje restante va al fondo de pensiones de los ciudadanos, que hoy acumula 660,000 mdd.

Hacienda, en contraste, retiene cerca de 70% de los ingresos de Pemex.

Para Noruega, producir a partir de recursos naturales implica el pago de derechos extraordinarios, y eso aplica a las petroleras. El Estado les cobra impuestos y algo que llama Interés Financiero Directo del Estado (SDFI), que es el componente principal del government take.

De este modo, los dividendos de la estatal Statoil no son una fuente extraordinaria de ingresos (como ocurre con Pemex en México), sino que se le cobran impuestos como a cualquiera. La tasa del impuesto especial a actividades petroleras es de 50% y aplica otra de 28% por tratarse de la explotación de recursos naturales.

El gobierno también posee acciones directamente en los campos petrolíferos y gas, oleoductos y plantas terrestres, e invierte en los mercados internacionales a través de Petoro, una sociedad anónima del gobierno.

 

Un Pemex, sin ataduras

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Noruega no es el único que hace ver mal a México. Brasil, Kasajastán, Angola y Colombia también han tenido éxito en traducir sus reservas en beneficios económicos con intervención de la inversión privada.

Al mismo tiempo que la producción petrolera en México se reducía 18.8% en los últimos doce años, en esos cuatro países la extracción repuntó. En Kasajstán, el número diario de barriles producidos aumentó 241% a más de 1.7 millones; en ingreso per capita, Brasil avanzó 327% y Angola más de 1,000%, dice Luis Miguel Labardini Deveaux, socio de Marcos y Asociados, con datos del FMI.

México vive los efectos de la dependencia que el gobierno desarrolló hace años del dinero de Pemex. Cada año y por adelantado, la SHCP toma de Pemex un tercio de los ingresos fiscales para financiar el gasto del gobierno del año siguiente. La primera condición para que la reforma energética en México funcione es romper ese ciclo de dependencia, opina José Valera, experto de Meyer Brown, firma de consultoría en Texas.

Al ser parte del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), Pemex se sujeta a la misma pesada normativa que rige en el gobierno federal para comprar lápices, construir una escuela o una plataforma petrolera. Esos procedimientos ponen a Pemex en desventaja, pero sacarla del PEF es algo que no se ha logrado porque la SHCP no quiere perder el control férreo sobre la paraestatal. “Es paradójico, pero hay que tenerlo claro: hay que defender a Pemex del gobierno, comenzando por la SHACP”, advierte Reyes Heroles.

Dejar más dinero a Pemex tampoco resolvería la baja de las reservas. En otros países, las petroleras se alían en los grandes proyectos para disponer de la mejor experiencia y tecnología. También lo hacen para repartir el riesgo de abrir pozos en los que no hay crudo y sobre todo por el riesgo de un derrame.

De darse la apertura, Pemex también iría en alianza a los proyectos. Pemex destaca en el mundo en producción mejorada (extracción de petróleo de campos que se creían agotados), pero también tiene conocimiento de los campos mexicanos que nadie más posee. “Cualquier empresa extranjera querría ir con Pemex”, asegura Jesús Reyes Heroles.

México, al mismo tiempo, podría seguir los pasos de otros gobiernos, que ponen condiciones para el desarrollo de la indus­tria nacional. Brasil, por ejemplo, pide que dos tercios del personal ejecutivo y de la fuerza laboral en el campo de exploración licitado y en las oficinas sean brasileños.

Con Pemex en el rol de aspirante a ganar proyectos, sería necesario un órgano regulador fuerte. Su papel sería poner en claro las reglas del juego para los participantes, controlar la información geológica de los proyectos, definir quién responderá ante un problema ambiental, fijar regalías e impuestos, organizar las licitaciones y definir las reglas de conte­nido nacional.

Hay dos elementos centrales para abrir la explotación de petróleo a las empresas privadas, dice Carlos Elizondo Mayer-Se­rra, investigador del CIDE: que las petro­leras compartan el riesgo en exploración y producción con el dueño de las reservas que es el Estado mexicano y que no sea Pemex quien decida cuáles empresas tiene qué bloque, sino una comisión de hidrocarburos técnicamente sólida, con recursos y autonomía frente al gobierno.

Nada que no sea práctica común en otros países, pero que en México garantiza un debate encendido para lo que resta del año.

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