El expresidente Enrique Peña Nieto está bajo la lupa de la UIF desde al menos octubre de 2021. Operaciones por 26 millones de pesos, detonaron las alarmas a las que están sujetas cientos de personas “sensibles” o políticamente expuestas. 

En ello no hay nada extraño, porque los gobiernos siempre andan buscando que no se evadan impuestos. Aunque lo de Peña Nieto es distinto, y en particular porque el titular de la UIF, Pablo Gómez, lo dio a conocer en una conferencia mañanera, donde además anunció que ya se presentó la denuncia respectiva ante la FGR. 

Será la FGR la encargada de determinar si existen conductas ilegales que pueden ser atribuidas al ex mandatario mexicano y, más importante aún, indagar si los recursos son de procedencia ilícita. 

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El lavado de dinero es un delito muy complicado de probar, porque requiere de la existencia de conductas ilegales previas, es decir, que los recursos provengan de alguna fechoría o corruptela. 

Es importante ser cuidadosos en lo que respecta a Peña Nieto, primero porque no está acusado de modo formal y, segundo, porque debe gozar de la presunción de inocencia.

El problema en casos como este, es que pueden demorarse en el tiempo, y convertirse en un receptáculo de toda clase de teorías. 

Pero nadie debe pecar de ingenuidad. La sola mención de la indagatoria y denuncia en la FGR es suficiente para propinar un golpe político de consecuencias inciertas, pero seguramente costosas para Peña Nieto por supuesto, pero también para el PRI.

Esto es interesante, porque no se puede disociar el anuncio de la UIF del propio contexto político, donde existe una campaña de presión, contra los priistas, que está bastante documentada. 

Hay dos temas en juego. Las reformas que aún anhela el presidente, la de la Guardia Nacional y la Electoral, y de paso habrá dos elecciones en el próximo año en Coahuila y en el Estado de México. 

Morena no cuenta con la fuerza necesaria para que la Guardia Nacional se convierta, ya de lleno, en una dependencia militar y tampoco para debilitar al INE y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que es como se propone en la iniciativa del presidente López Obrador.

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¿Qué hacer ante esta situación? Lo normal sería negociar, discutir para explorar posibilidades de convergencia y acuerdo. Esta vía no es muy utilizada. La otra, es ejercer una presión por medio de los propios gobernadores hacia sus diputados y de utilizar todas las herramientas de las que se pueda echar mano y entre ellas la FGR.

En el plano electoral, a la 4T le vendría muy bien que no existieran alianzas opositoras en las contiendas estatales. Si el PAN, PRD y el PRI no van juntos en esas enditades, la posibilidad de que alguno de ellos gane las contiendas se reduce dramáticamente.

Una buena ruta para obtener una ruptura es que los problemas en el PRI se multipliquen y empiecen, si no es que lo hicieron ya, a salpicar a sus aliados. 

El expediente de Peña Nieto es bastante útil en una situación como la descrita, ya que más allá de las posibilidades jurídicas de acusarlo y procesarlo, el establecimiento de una narrativa sobre las presuntas corruptelas de su mandato, puede ser una propaganda invaluable para los contrarios. 

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