Uno de los principales retos de la administración de Andrés Manuel López Obrador, virtual presidente electo del país, es reactivar el crecimiento económico que durante más de tres décadas se ha estancado y en promedio cada año reporta avance de 2% anual, coincidieron expertos. No sólo se trata del crecimiento económico, el gobierno de Enrique Peña Nieto entregará cuentas poco alentadoras a su sucesor en materia de deuda pública y el aumento generalizado de los precios. “La economía mexicana ha transitado en los últimos años por un periodo de turbulencia, sobre todo por factores externos, pero si hacemos un balance en tres variables, crecimiento económico, inflación y deuda pública para poner la parte real, la monetaria y la fiscal las cifras no son muy alentadoras”, apuntó Mauricio Delajara, especialista en Crecimiento Económico y Mercado Laboral en el Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY). Otro indicador de la “conducta” de la administración de Peña Nieto es el gasto público, que creció en promedio 6% tan sólo en la primera mitad del año, recordó Delajara durante la mesa de análisis organizada por Forbes enfocada en el balance macroeconómico de la actual administración y los retos de la siguiente. “El gobierno siguiente se va a enredar un problema estructural, más la desaceleración económica que ya se vive en la industria, el crecimiento es de 0.2% del año y el año pasado cayó 0.4%. Y en ese sentido las primeras acciones del gobierno entrante deben ser de la reactivación económica, porque si no durante el primer semestre me parece que corren el riesgo de enfrentar muy bajo crecimiento y en algunos sectores impactos negativos”, consideró José Luis Cruz, director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico. Para lograrlo será necesario generar un esquema de ajustes estructurales en los que se incluya necesariamente a la inversión privada nacional y extranjera, advirtió Cruz. La mejora regulatoria tiene que integrarse a las primeras acciones de gobierno, toda vez que el exceso de trámites a los que se somete a una empresa para iniciar operaciones inhibe la actividad empresarial. “En concreto se tiene que alinear los proyectos de infraestructura y desarrollo económico que quiere implementar la nueva administración, con la inversión privada nacional, inversión extranjera directa, que además genere tecnología, pero el resultado se va a empezar a ver en el segundo o tercer año en adelante y creo que se podrá alcanzar un crecimiento de 3 o 4%”, aseguró el especialista. Desde la perspectiva de Jorge Feregrino, investigador del programa de Economía de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, con estas medidas es posible al menos sentar las bases de un cambio estructural. Aquí puedes ver de nueva cuenta esta mesa de análisis:

 

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