Desde 2015 y hasta 2018 aproximadamente 1,006 millones de pesos, que originalmente se destinarían para el pago de maestros en las entidades federativas, fueron a los bolsillos de comisionados sindicales, pese a que estos no llevan a cabo actividades en las aulas de los estados.

A través del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE), creado con el objetivo de disminuir las irregularidades en el pago de los maestros a través del pago centralizado por el gobierno federal, se paga a 7 de cada 10 profesores del país.

Sin embargo, las irregularidades persisten sobre todo en el pago de salarios a personal que no lleva a cabo tareas en las aulas, la repartición inequitativa de recursos entre los estados y el sobre ejercicio común de la nómina, advierte el estudio “La Impunidad en la Nómina Magisterial Uso y abuso del Fondo de Aportaciones es para la Nómina Educativa y Gasto Operativo”.

De acuerdo con la investigación, aproximadamente 9,000 comisionados sindicales que recibieron recursos de este Fondo, explicó Marco Fernández Treviño, investigador de la escuela de Gobierno de Transformación Pública del Tec de Monterrey y una de las personas que encabezó esta investigación.

La anterior es apenas una de las irregularidades detectadas en el manejo de los recursos destinados al FONE. En total, durante los últimos tres años de operación de este fondo se detectaron irregularidades en el uso de 5,100 millones de pesos.

Además de los recursos destinados a comisionados sindicales, también se detectaron pagos a secretarios de Educación en 17 entidades, pago a secretarias integradas al Programa para la Inclusión y la Equidad y pago a choferes de altos mandos.

El FONE fue creado en 2015 con el objetivo de disminuir las constantes irregularidades generadas en el Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB), que operó de 2008 a 2014, tiempo en el que se usaron irregularmente 141,645 millones de pesos.

Aunque el FONE disminuyó hasta en 95% las irregularidades, el pago de la nómina de maestros en las entidades federativas persiste y lo que es peor, permanece impune, advierte Fernández.

Por ejemplo, de 125 denuncias ante la Procuraduría General de la República, ahora Fiscalía General de la República (FGR), a causa de irregularidades en los dos fondos, 123 se encuentran aún en proceso de integración.

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