¿Qué hacer si se tiene a un funcionario público o alguno de sus familiares como cliente en una institución financiera o en cualquier otro tipo de entidad que cuente con obligaciones para prevenir el lavado de dinero?

 

 

En muchas de las capacitaciones que he tenido la oportunidad de participar como expositor, un tema recurrente es la gran incógnita sobre el qué hacer si se tiene a un funcionario público o alguno de sus familiares como cliente, tanto en una institución financiera, como en cualquier otro tipo de entidad que cuente con obligaciones para prevenir el lavado de dinero.

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En una nota de prensa de Transparencia Internacional, fechada en Berlín, el 9 de julio de 2013, (que tome de la misma organización en España) se hace mención a puntos muy interesantes sobre el El Barómetro Global de la Corrupción 2013 que vale la pena resaltar.

“Los índices de pago de sobornos a nivel mundial continúan siendo sumamente altos, pero las personas creen que tienen la capacidad de detener la corrupción y una proporción significativa está dispuesta a combatir el abuso de poder, los acuerdos clandestinos y el soborno”, observó Huguette Labelle, Presidenta de Transparency International.

También los políticos deben tomar medidas para recuperar la confianza. El Barómetro Global de la Corrupción 2013 muestra que existe una crisis de confianza en la política y serias dudas respecto de la capacidad de las instituciones responsables de llevar a quienes delinquen ante la justicia. En 51 países de todo el mundo, se considera a los partidos políticos como la institución más corrupta. El 55% de los encuestados creen que el gobierno responde a intereses particulares.

Los políticos pueden actuar de manera ejemplar difundiendo sus declaraciones patrimoniales y las de sus familiares cercanos. Por su parte, los partidos políticos y los candidatos individuales deben dar a conocer de dónde obtienen sus fondos para que no haya dudas respecto de quiénes los financian y se puedan identificar posibles conflictos de interés.

En todo el mundo, las personas creen que las medidas tomadas por sus líderes para poner freno a la corrupción son peores que antes de que se iniciara la crisis financiera de 2008, cuando el 31% consideraba que las acciones de sus gobiernos para combatir este fenómeno eran efectivas. Este año, esa proporción se redujo al 22%.

“Los gobiernos deben asegurarse que haya instituciones sólidas, independientes y con recursos suficientes para prevenir y remediar la corrupción. Cuando el flagelo de la corrupción erosiona a estas instituciones centrales y servicios básicos, demasiadas personas sufren las consecuencias”, observó Labelle.

Desde mi punto de vista, existen diferentes esfuerzos en diversas naciones para atacar la corrupción, aunque hablando del control del dinero que este delito genera, es importante implementar de inmediato la recomendación 12 relativa a Personas Políticamente Expuestas (PEP) del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), emitida como parte de sus 40 recomendaciones en febrero de 2012 —situación que la gran mayoría de los países no ha hecho a cabalidad—,  extendiéndola, además del sector financiero, a las diferentes actividades vulnerables a ser utilizadas por los políticos corruptos para gastar ese dinero de procedencia ilícita.

Dicha recomendación de GAFI, entre otros supuestos, contempla que debe exigirse a las instituciones financieras que tomen medidas razonables para determinar si un cliente o beneficiario final es una PEP local…aplicando, una vez identificado, medidas de debida diligencia como:

(a)   Obtener la aprobación de la alta gerencia para establecer (o continuar, en el caso de los clientes existentes) dichas relaciones comerciales

(b)   Tomar medidas razonables para establecer la fuente de riqueza y la fuente de los fondos

(c)   Llevar a cabo un monitoreo continuo intensificado de la relación comercial. Los requisitos para todos los tipos de PEP deben aplicarse también a los miembros de la familia o asociados cercanos de dichas PEP.

Respondiendo al cuestionamiento con el que iniciamos el presente artículo sobre ¿qué hacer cuándo se tiene como cliente a una persona políticamente expuesta o alguno de sus familiares? La respuesta es que dichas personas no por estar catalogados dentro de dicha categoría inmediatamente se deben considerar como corruptos. Corresponde a las instituciones financieras u otras empresas obligadas a cumplir con obligaciones de prevención de lavado de dinero aplicar de forma efectiva los lineamientos que contemplan las leyes locales y recomendaciones internacionales, sobre todo los relativos a conocer la fuente de su riqueza y recursos, así como el determinar si una persona es el beneficiario final de los recursos y no está actuando a nombre de un PEP. Lo anterior no es una tarea sencilla, sobre todo tratándose de políticos corruptos que, como cualquier delincuente de alto nivel, muy probablemente no serán ellos quienes directamente abran una cuenta bancaria o adquieran bienes a su nombre o el del algún familiar.

Bien lo decía Frank Herbert, conocido escritor estadounidense de ciencia ficción: “La corrupción lleva infinitos disfraces”. Me gustaría mucho conocer su opinión, estimado lector.

 

 

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