Reuters.- La presidenta de Perú, Dina Boluarte, dijo el miércoles que se podrían adelantar las elecciones generales para fines del 2023 en medio de protestas que exigen comicios inmediatos, mientras la justicia evalúa extender por 18 meses la prisión para el destituido exmandatario Pedro Castillo, investigado por rebelión.
En las protestas, algunas muy violentas principalmente en el interior del país, los manifestantes piden además el cierre del Congreso, una asamblea constituyente y la renuncia de Boluarte.
La mandataria afirmó que se podría acortar aún más los plazos para las elecciones, después de coordinar acciones con los representantes del jurado electoral y del congreso.
“Los tiempos calzarían para abril del 2024, sin embargo, haciendo reajustes ayer (miércoles), conversando esto se puede adelantar a diciembre del 2023, porque antes de esa fecha (…)legalmente no calzaría”, manifestó a periodistas Boluarte, quien debería completar el actual mandato gubernamental que vence en julio del 2026, según la Constitución.
Tras la destitución de Castillo, su vicepresidenta Boluarte asumió al poder la semana pasada, un relevo que ha generado fuertes protestas con seis muertos, bloqueos de carreteras, ataques a la policía e incendios de sedes públicas y privadas.
Un juzgado supremo de Perú inició el miércoles la evaluación de un pedido de la fiscalía de imponer “prisión preventiva” para Castillo por 18 meses, mientras su arresto preliminar en una base policial se debería cumplir en las próximas horas.
Castillo, que había gobernado desde julio del año pasado, ha convocado por Twitter a sus seguidores para que acudan a la base policial alrededor de las 19:00 GMT, a la espera de su libertad.
“Los espero a todos en las instalaciones de la DIROES para unirme con ustedes en un abrazo”, dijo Castillo, quien firmó el mensaje como “Presidente Constitucional del Perú”. Castillo ha rechazado las acusaciones de rebelión y conspiración.
Sin embargo, fuentes de la fiscalía y analistas dijeron que Castillo no puede salir en libertad mientras el juzgado supremo resuelva el pedido de la fiscalía para una prisión preventiva.
“Es falso que Pedro Castillo Terrones será liberado hoy a las 13:42 (horas local)”, dijo el abogado penalista Carlos Caro por Twitter, citando un artículo del código procesal que afirma que la detención preliminar se mantiene hasta que se ejecute la audiencia y decida el juez si extiende la restricción.
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En las afueras de la base policial, ubicada en un distrito al este de la ciudad de Lima, decenas de simpatizantes llegaron con pancartas para exigir la libertad de Castillo.
La jefa de la Defensoría del Pueblo, Eliana Revollar, dijo que a pesar de que Castillo ha dicho que está “secuestrado e incomunicado”, el exmandatario ha podido enviar cartas públicas y mensajes por Twitter alegando su inocencia.
Revollar afirmó además que hasta el lunes, Castillo ha recibido a 139 personas en la base policial, entre familiares, amigos, legisladores de izquierda, abogados y diplomáticos. “Incluso se han tomado foto con Castillo”, dijo a la radio RPP.
Imágenes de televisión mostraron el miércoles a una fila de soldados apostados al frente de la fiscalía de la región sureña de Arequipa, uno de los focos de protestas los últimos días.
El gobierno de Boluarte anunció en la víspera que las fuerzas armadas controlarán y protegerán la infraestructura clave como aeropuertos e hidroeléctricas, y las carreteras nacionales, en prevención de más protestas.
Reportes de la televisión y radio informaron también que algunos bloqueos continuaban en la jornada en el interior del país. En la víspera, los manifestantes apedrearon bancos e incendiaron parcialmente algunas entidades públicas.
El poderoso gremio de mineros y compañías de energía condenó en un comunicado las protestas de “grupos radicales”. “Los bloqueos de las carreteras impiden el normal abastecimiento de combustibles a distintas regiones; y ocasionan serios contratiempos a diferentes operaciones mineras”, subrayó.
La empresa Transportadora de Gas del Perú dijo en un comunicado el martes que un centenar de personas de un poblado del Cusco ingresó a la planta forzando los accesos. “Cualquier atentado a esta infraestructura puede poner en grave riesgo la integridad del personal y de los manifestantes presentes”, dijo.
No estaba claro si los manifestantes seguían en la planta.
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