Prácticamente la totalidad de las transacciones bancarias operan en un entorno tecnológico seguro, eficiente y de bajo costo. Sin embargo, la banca no es ajena a los riesgos de las nuevas tecnologías, y uno de ellos es precisamente el robo de identidad.

Es por eso que la Asociación de Bancos de México (ABM) firmó un convenio con la Procuraduría General de la Republica (PGR) para evitar la suplantación o usurpación de identidad en las transacciones bancarias.

Mediante un comunicado, la ABM celebró que la Procuraduría General de la República se adhiera a las Bases de Colaboración en Materia de Suplantación o Usurpación de Identidad.

“Celebro la adhesión de la PGR a las bases de colaboración, misma que apoyará de manera significativa la coordinación entre los diversos entes del sector público y privado ocupados en prevenir y sancionar el ilícito en cuestión”, dijo Luis Robles Miaja, presidente de la ABM.

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El sistema financiero, continúo Miaja, ha tomado muchas medidas para prevenir el fenómeno y realizado cuantiosas inversiones para ello, pero las mismas son insuficientes para atacarlo integralmente, con independencia de que no podemos hacerlo con eficacia sin la participación de los órganos del estado, de nuestros propios clientes y de otros agentes económicos.

La firma de las Bases de Colaboración en Materia de Suplantación o Usurpación de Identidad comprende acciones como:

  • Un protocolo de actuación aplicable a toda la banca que comprende todas las etapas a seguir ante la detección de un hecho presumiblemente ilícito de esta naturaleza hasta la solución definitiva de la problemática del cliente.
  • Se ha venido trabajando con la CNBV y el INE en el proceso de validación electrónica de las credenciales para votar, que es el medio de identificación de mayor aceptación por la industria.
  • Los bancos integrantes de la asociación han realizado diversas acciones de comunicación enfocadas a la prevención.
  • Estamos desarrollando junto con las sociedades de información crediticia un procedimiento para que los clientes reciban una alarma en el momento de que un otorgante de crédito consulte su historial.

“Lo anterior no sólo tendría un impacto contundente en la problemática que nos ocupa; además, permitiría reducir sensiblemente los costos de transacción en la economía así como combatir con mayor eficiencia la delincuencia y la impunidad”, comentó Robles Miaja.

 

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