Amnistía Internacional hizo un llamado a mejorar la protección de los defensores de los derechos humanos y los profesionales de la salud que enfrentan abusos y criminalización debido a su defensa del derecho al aborto.
En su informe “Un movimiento imparable: Llamamiento global para reconocer y proteger a quienes defienden el derecho al aborto”, la organización denuncia que los activistas y las personas que prestan servicios esenciales “están siendo objeto de estigmatización, intimidación, ataques y procesamientos injustos” en muchos países.
Esto hace que el desempeño de su trabajo sea “cada vez más difícil y peligroso”, afirma Amnistía Internacional.
La organización lanzó una campaña global y que ha documentado casos en lugares como Venezuela, Polonia o Ghana.
Este tipo de entorno hostil, que existe incluso en países donde se reconoce parcialmente el derecho al aborto, tiene un efecto “inhibidor, silenciador y estigmatizador” entre sus defensores, ya que viven con “el temor constante a ser atacados o enjuiciados por prestar ese servicio, con independencia de que sea legal o no”.
Amnistía Internacional alerta de que ese ambiente también genera “importantes obstáculos para las mujeres, las niñas y todas las personas que necesitan esos servicios, en particular las más marginadas”.
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“El derecho al aborto no es una cuestión de opinión, sino de estándares y normas jurídicas internacionales. Se trata de un derecho sustentado por multitud de derechos humanos, como el derecho a la integridad física y mental, el derecho a la salud y el derecho a no ser objeto de homicidio ilegítimo y arbitrario mediante la retirada de servicios seguros”, declaró en un comunicado la secretaria general de AI, Agnès Callamard.
Callamard subraya que “quienes defienden y hacen posible el ejercicio de ese derecho merecen nuestro respeto y protección” y lamenta que “en muchos Estados de todo el mundo insisten en las políticas de regulación excesiva y criminalización”.
El informe, basado en cerca de 50 entrevistas con personas defensoras del derecho al aborto de todo el mundo, recoge relatos e información compartidos por organizaciones en la primera línea, y refleja las preocupaciones planteadas por organismos sanitarios mundiales, que en 2022 lanzaron un llamamiento para aumentar la protección.
Amnistía Internacional afirma que “la penalización del aborto es el factor que más contribuye a los 35 millones de abortos peligrosos que se estima que se practican cada año”.
Según la organización, esto significa que el personal sanitario “se ve constantemente atrapado entre el deber moral y profesional de proporcionar el mejor cuidado posible y el hecho de poder ser considerado responsable penal si no cumple con unas leyes nocivas”.
Como parte de su campaña global, Amnistía Internacional pide a los Estados que “cumplan con su obligación de proteger el derecho a un aborto sin riesgos y legal”, y de respetar y proteger a “las personas que defienden el derecho al aborto”.
Con información de EFE
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