Alicia Bárcena, secretaria general de la Comisión Económica para América Latina (Cepal), exhortó a no castigar a los inversionistas señalados en
Panama Papers, y pidió trabajar en soluciones para quienes aparecieron en esta lista de empresas creadas para no pagar impuestos.
“No se vale castigar a los offshore, cuando se ha dado otro tipo de estímulos en el pasado”, señaló la economista mexicana durante el trigésimo sexto período de sesiones de la Cepal, que se realiza en la Ciudad de México.
Aunque no abundó ni ofreció mayores detalles sobre su comentario.
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Ayer, Bárcena mencionó que las economías de América Latina pierden anualmente más de 320,000 millones de dólares a través de evasión fiscal, la cual debe ser combatida con la creación de nuevas instituciones.
“(Se requiere de) una estructura eficaz para enfrentar la evasión fiscal en América Latina y el Caribe, en donde asciende a 320,000 millones de dólares anuales”, reveló la secretaria general de la Cepal.
¿Qué son los Panama Papers?
A principios de abril se dio una de las filtraciones de datos más grandes del mundo, llamada Panama Papers o Papeles de Panamá, que arrojó, y aún lo hace, luz sobre el mundo del financiamiento en altamar, un recurso frecuentemente para evadir al fisco.
Una fuente anónima filtró los documentos a Süddeutsche Zeitung, un periódico de investigación en Alemania, que luego compartió la información con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés).
Después de una investigación de un año, el ICIJ y 100 medios asociados de todo el mundo, comenzaron a publicar una serie de artículos sobre la base de los Panama Papers, que implicó la filtración de 11.5 millones de archivos, incluyendo correos electrónicos, facturas y registros bancarios.
La fuga proviene de Mossack Fonseca, un bufete de abogados en Panamá que presuntamente es una de las más grandes creadoras de empresas fantasmas del mundo.
De acuerdo con ICIJ, los archivos abarcan décadas, de 1977 a diciembre de 2015, e incluyen detalles sobre 214,000 entidades offshore con enlaces a 140 políticos, incluido el presidente de Argentina, el primer ministro de Islandia y el rey de Arabia Saudita.
También cuenta con detalles de al menos 33 personas y compañías en la lista negra de Estados Unidos, entre ellos narcotraficantes mexicanos y organizaciones terroristas.
Mossack Fonseca hizo pública su respuesta al informe del ICIJ, indicando que como agente registrado simplemente ayuda a sus clientes a incorporar a sus empresas y que el bufete de abogados se desempeña con la debida diligencia, “que en todos los casos cumple y muy a menudo supera todas las normas, reglamentos y estándares locales a las que nosotros y otros están obligados”.
