EFE.- El Movimiento Cannábico Mexicano presentó este jueves una solicitud ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que declare inconstitucional la prohibición del consumo lúdico de marihuana después de que venciera el plazo del Congreso para regularlo.

El pasado 30 de abril venció por tercera vez el plazo que la Suprema Corte había puesto al Congreso para que regulara el consumo lúdico de marihuana en el país, pero los legisladores no alcanzaron ningún acuerdo para levantar la prohibición.

Por ello, el Movimiento Cannábico, que lleva más de un año acampado entre plantas de marihuana frente las puertas del Senado, solicitó al Supremo “que emita la declaratoria general de inconstitucionalidad” para anular definitivamente los cinco artículos de la Ley General de Salud que prohíben el consumo de marihuana.

El portavoz del movimiento, Pepe Rivera, contó a Efe que, de aprobarse la declaratoria, los cinco artículos “dejarán de existir” en cuanto a la prohibición de la marihuana y los magistrados serán los encargados de establecer los límites de la medida.

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Rivera predijo que la Corte permitirá el consumo de marihuana sin afectar a terceros y prohibirá la comercialización del cannabis y derivados.

Tras varios amparos de consumidores de marihuana, la Suprema Corte consideró inconstitucionales los artículos de la Ley General de Salud que prohibían el consumo lúdico y ordenó en 2019 al Congreso regular el consumo recreativo.

Una primera versión del texto fue aprobada por el Senado el 19 de noviembre del año pasado, pero el 10 de marzo fue modificada por la Cámara de Diputados y regresada de nuevo al Senado, que dejó pasar el plazo definitivo del 30 de abril sin ratificarla.

El dictamen creaba la Ley Federal para la Regulación del Cannabis y reforma la Ley General de Salud y el Código Penal Federal, con lo que México se convertiría en el tercer país del mundo en legalizar a nivel nacional la marihuana recreativa, tras Uruguay y Canadá.

Permitía portar hasta un máximo de 28 gramos de cannabis y preveía un sistema de licencias para cultivar hasta ocho plantas en casa, fundar asociaciones de fumadores, así como producir y vender marihuana y cáñamo industrial.

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El texto también preveía multas a quienes porten entre 28 y 200 gramos y penas de cárcel a quienes superen los 200 gramos, por lo que fue criticado por consumidores por criminalizarlos. 

 

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