Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas, presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), enfrenta una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) por un posible desvío de casi 4 mil millones de pesos de recursos federales durante su gestión como gobernador de Campeche.

“Vengo a presenta formal denuncia y hacer de conocimiento ante la Fiscalía General de la República y Fiscalía Especializada, diversos hechos en contra de Alejando Moreno Cárdenas”, revela documentación en poder de Forbes México.

La denuncia, que fue presentada por Miguel Prado, secretario de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en el Congreso de la Unión, señala una serie de presuntos delitos, incluyendo tráfico de influencias, corrupción y lavado de dinero por parte del dirigente del PRI.

Hoy Alejandro Moreno Cárdenas es presidente del PRI, diputado por el Tricolor, así como es el máximo dirigente de  la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe (COPPPAL).

El político es licenciado en Derecho por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores René Descartes, Campeche, así como maestro en Derecho Procesal Penal por el Instituto de Estudios Superiores en Derecho Penal.

Según las revisiones de la ASF, realizadas durante el período comprendido entre el 16 de septiembre de 2015 y el 13 de junio de 2019, se han detectado 92 irregularidades en la gestión de Alejandro Moreno Cárdenas, con un énfasis particular en áreas como salud y pago de nóminas.

El presunto perjuicio a la Hacienda Pública Federal superaría los 3 mil 941 millones de pesos, mientras que el incremento desproporcionado en el patrimonio de Moreno y su familia, evidenciado por la adquisición de propiedades millonarias, ha generado preocupación entre los denunciantes.

La denuncia busca la investigación y la inhabilitación de Alejandro Moreno Cárdenas, así como el embargo de sus bienes y cuentas bancarias como medida cautelar. 

La presentación de la denuncia se llevó a cabo ante el Fiscal General de la República, Alejandro Hertz Manero, y la titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, María de la Luz Mijangos Borja.

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