Los poderes legislativos y judiciales de más de 20 estados del país se han debilitado como contrapesos eficaces a los gobiernos locales, lo que llevó a que también disminuyera la independencia de jueces y diputados, de acuerdo con el World Justice Project (WJP).
“¿En qué términos concretos se está debilitando en uno y otro? Cuando hablamos en Poder Judicial, hablamos de independencia de jueces y juezas (…) En términos del Legislativo, se miden si el Legislativo ejerce esta capacidad de llamar a cuentas a comparecer a servidores públicos del Ejecutivo (…), pero también la valoramos si esos legisladores, sobre todo de oposición, pueden expresar su opinión de manera libre y sin temor a represalias”, señaló Alejandro González Arreola, director de Proyectos de Estado de Derecho del WJP.
Según el Índice de Estado de Derecho en México 2021-2022, el cual registra avances y retos sobre el Estado de derecho en los 31 estados y la Ciudad de México, el Poder Judicial como contrapeso bajó su eficacia en 23 estados; mientras, el Legislativo redujo si independencia en 22 entidades en comparación con la medición del año pasado.
“El Poder Judicial tiene un retroceso enorme en términos de su mandato democrático. Al final del día, el Poder Judicial es el control jurisdiccional último de control público y tener esa capacidad de ejercerlo con legitimidad y capacidad es importante”, señaló González Arreola en entrevista con Forbes México.
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Explicó que esta medición no tiene nada que ver con las leyes que presentan y aprueban los legisladores, sino que pondera la función que tienen los Congresos como control democrático sobre el Ejecutivo estatal. Además, dijo que este debilitamiento de los poderes legislativos y judiciales es una de las razones del estancamiento en materia de Estado de derecho en las entidades del país.
“La primera razón por la que se presenta un estancamiento (en materia de Estado de derecho) es que hay una disminución de la capacidad que muestran distintos actores para poder ejercer un control democrático y eficaz sobre los ejecutivos estales”, mencionó.
Los estados que bajaron en su calificación sobre si el Poder Judicial es un contrapeso eficaz del gobierno estatal son Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Ciudad de México, Coahuila, Colima, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz.
Mientras, las entidades que bajaron su calificación sobre si el Poder Legislativo local es un contrapeso eficaz del gobierno estatal son Aguascalientes, Baja California, Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila, Colima, Durango, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Yucatán y Zacatecas.
El Índice de Estado de Derecho en México 2021-2022 muestra un estancamiento en materia de Estado de derecho en diferentes estados. Todos las entidades se encuentran por debajo de la mitad de la calificación idónea. Los puntajes van de 0 a 1, donde 1 indica la máxima adhesión al Estado de derecho.
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Los 10 estados con los puntajes más altos fueron Querétaro, con 0.49; le sigue Yucatán, con 0.47; Guanajuato, Aguascalientes y Sinaloa, con 0.46; Durango, Nuevo León y Zacatecas, con 0.45; Baja California Sur y Coahuila, con 0.44. De las 32 entidades, 14 tuvieron descensos con respecto al año pasado; 12 no tuvieron cambios y en 6 hubo un aumento en su calificación.
Esta es la primera ocasión en la cual Querétaro se encuentra en el primer lugar del índice, por arriba de Yucatán, que se había ubicado en la primera posición en las tres ediciones anteriores.
Mientras, los cinco estados con los puntajes más bajos fueron Estado de México, Ciudad de México y Quintana Roo, con 0.36; Morelos, con 0.35, y Guerrero, con 0.34.
Esta es la cuarta ocasión que el WJP presenta este informe para mostrar la situación de las 32 entidades federativa en materia de Estado de Derecho, que es medido bajo ocho elementos: límites al poder gubernamental, ausencia de corrupción, gobierno abierto, derechos fundamentales, orden y seguridad, cumplimiento regulatorio, justicia civil, y justicia penal.
El Índice de Estado de Derecho en México 2020-2021 se basó en tres fuentes de información: 12 mil 800 encuestas a la población en general de todo el país, cuestionarios a 20 mil especialistas en justicia civil, penal, laboral y salud pública y utilizaron datos generados por instituciones, como el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
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