Lograr un crecimiento de 2.5% en el 2019 no es imposible, pero representa un gran desafío frente a la realidad histórica mexicana. Superar obstáculos estructurales e institucionales, así como inducir un cambio en la racionalidad de las decisiones del sector privado representa un gran reto para la administración de AMLO a fin de que la economía pueda escapar de la tradicional desaceleración de inicios de sexenio.

Durante las últimas tres décadas la economía mexicana ha logrado escapar una sola vez de la desaceleración del primer año de cada gobierno. En 1989 cuando la llegada del presidente Carlos Salinas de Gortari al poder generó un cúmulo de expectativas positivas en torno a la agenda de cambios estructurales, desregulación y reformas, lo cual se materializó en mayores volúmenes de inversión productiva que le permitió a la economía crecer a una tasa alrededor de 4%, más del doble de la registrada en 1988 que fue el último año del sexenio anterior.

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Desde el año 2000 el país ha logrado evitar las crisis de fin de sexenio, pero desde 1995 la economía aún no ha logrado escapar de la maldición de la desaceleración de inicios de sexenio. Esto se debe en gran medida a que la llegada de un nuevo gobierno ha implicado tanto la introducción de ajustes económicos para corregir desequilibrios acumulados como al retraso en el ejercicio del presupuesto federal ante el cambio de equipo económico. Esto en conjunto ha originado un menor dinamismo de la actividad económica al inicio de cada uno de los cinco gobiernos anteriores (1995-2018).

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En base a la realidad económica de los últimos treinta años, podría anticiparse que en el 2019 la economía mexicana volverá a repetir su historia al reportar la tradicional desaceleración del primer año de gobierno. Es cierto que existen algunos elementos que podrían modificar ese patrón histórico en el 2019, haciendo que la economía evite la pérdida de dinamismo, lo cual no es imposible. Desafortunadamente, existe un mayor número de factores que apuntan a que la economía podría no librarse de dicha maldición de inicios de sexenio.

Entre los factores que podrían evitar la desaceleración está la intención del nuevo gobierno de incrementar el gasto público, sobre todo como resultado de la puesta en marcha de sus promesas de campaña en programas sociales y algunos proyectos de inversión. Así como también existe la posibilidad de que en el 2019 se genere toda una ola de optimismo parecido al de 1989 y que se materialice en un crecimiento de la economía similar o mayor al 2% que se espera para 2018.

Un tercer elemento es, aunque menos probable, que se logre un nuevo TLCAN con un resultado extraordinario que produzca un desbordamiento de inversiones hacia el país. Ello abriría espacio para una acelerada relajación monetaria en la que la tasa de interés se desploma a la mitad del nivel en que se encuentra ahora, cayendo a alrededor de 4% para mediados del 2019. Así, la expansión monetaria se sincronizaría con el estímulo fiscal. ¿Qué tan saludable es esta opción? Esta es una pregunta que deja serias dudas, sobre todo considerando lo que sucedió al final del sexenio salinista con el famoso “error de diciembre” y que desató la profunda crisis de finales de 1994.

En la lista de factores que refuerzan la probabilidad de repetir la historia desaceleratoria están los siguientes. Por un lado están factores de orden institucional que permanecen vigentes. Primero, la economía se encuentra ya en desaceleración desde la segunda mitad de 2018 ante la decisión del gobierno saliente de cerrar la llave del presupuesto federal desde el mes de agosto, lo cual dejará a la economía con un menor dinamismo para el cierre del año. Segundo, el tradicional rezago en el ejercicio del presupuesto que deriva de la llegada de un nuevo equipo económico, y en donde los trámites de autorización toman más tiempo de lo normal dado el retraso en conseguir a los reemplazos de funcionarios que por ley tienen que renunciar al final del sexenio. Tercero, la curva de aprendizaje de los nuevos funcionarios tiene un costo en tiempo. Cuarto, existe un rezago en las decisiones de inversión y operación de empresas privadas que dependen altamente del ejercicio del presupuesto. Quinto, en esta ocasión, el nuevo gobierno ha planteado una reducción importante del número de burócratas, lo cual ocasionará presiones en el desempleo.

Por otro lado están factores propios de la racionalidad del sector privado. Primero, algunas decisiones de inversión se cancelaron o pospusieron desde mediados del 2017 ante la incertidumbre en torno a las negociaciones del TLCAN. Segundo, otras decisiones de inversión privada entraron en compás de espera durante la primera mitad del 2018 ante la incertidumbre sobre los resultados de las elecciones de julio, sobre todo la presidencial. Tercero, a pesar de que los mercados no se han dislocado ante el triunfo de AMLO y que algunos empresarios han empezado a mostrar una apariencia lopezobradorista, las inversiones aún se encuentran a la espera de las primeras acciones del nuevo gobierno, las cuales mantendrán un comportamiento precautorio incluso durante la primera mitad del 2019.

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Existe un elemento más a considerar y que podría jugar poco para evitar la desaceleración. El estímulo fiscal propuesto por el nuevo gobierno se daría más por el lado del gasto en consumo a tras de los apoyos sociales. El riesgo está en que la presión de demanda generada por el gasto público podría acomodarse más rápidamente en precios e importaciones antes que en producción nacional, dada la baja respuesta del aparato productivo y el grado de apertura de la economía a las importaciones. Ante esto, el impulso fiscal podría resultar insuficiente para elevar el crecimiento y evitar la desaceleración.

Es importante reconocer que AMLO se propone lograr un mayor crecimiento económico durante su administración y que es uno de los pilares fundamentales de su programa, dado que el crecimiento mediocre se ha convertido en un problema crónico en los últimos dieciocho años. Su propuesta no solo es loable sino esencial para empezar a devolver a los mexicanos parte del bienestar perdido. Sin embargo, las metas deben ser realistas y alcanzables de manera saludable. En este sentido, acelerar la economía a través de políticas expansivas no es precisamente una manera sana y sostenible de generar bienestar social. Plantear una meta de crecimiento promedio de 4% implica un esfuerzo importante de inversión productiva que supera en mucho el comportamiento de la inversión en las últimas tres décadas. Así, crecer 4% en promedio implica cambiar radicalmente el comportamiento de la inversión privada desde el 2019 y por el resto del sexenio.

Ojalá y López Obrador pueda alcanzar o incluso superar sus metas económicas a través de políticas saludables. No existe evidencia de que algún país haya logrado sobresalir sin haber abierto las puertas a la inversión privada y sobre todo caminar de la mano con el sector empresarial. Tres de los más recientes intentos en donde el gobierno pretendió salir por si solo o incluso teniendo en contra al sector privado (Argentina, Brasil y Chile) terminaron con una economía en recesión o bien en desaceleración y estancamiento.

Así, por el bien de todos los mexicanos, más vale paso que dure y no trote que canse. Más vale fortalecer las fuentes fundamentales del crecimiento permanente en lugar de intentar generar bienestar transitorio e insostenible a través de políticas expansivas.

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Twitter:  @AlfredoCoutino

Web:  www.AlfredoCoutino.com

*/ Director para América Latina en Moody’s Analytics. Las ideas expresadas son de la exclusiva responsabilidad del autor y de ninguna manera deben ser atribuidas a la institución para la cual trabaja.

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