Santiago Nieto Castillo, exjefe de la Unidad Inteligencia Financiera (UIF), y Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, exsecretaria de la Función Pública, así como los expresidentes de la Comisión Nacional Bancaria de Valores (CNBV) y la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) son algunos de los exfuncionarios que no podrán trabajar en alguna empresa privada en los siguientes 10 años.
La limitación es parte del contenido de la nueva Ley Federal de Austeridad Republicana, impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
“Santiago Nieto Castillo ya no podrá trabajar en ningún sector privado y creo que en la academia no tendría problema”, asegura Rodolfo Martínez Ayala, socio del despacho Trusan & Roma Abogados.
El ahora exfuncionario renunció a su cargo hace dos días para evitar cualquier afectación al gobierno de Andrés Manuel López Obrador y al proyecto de la Cuarta Transformación luego de que su boda con la consejera electoral Carla Humphrey derivó en un escándalo.
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El extitular de la UIF tenía a su cargo el manejo de información confidencial, sensible y privada de las finanzas de los entes públicos y privados, “consecuentemente está impedido para laborar en la iniciativa privada en los siguientes 10 años”, afirma el catedrático de la Facultad de Derecho de la UNAM.
La única forma de esquivar el obstáculo legal es que Nieto haya interpuesto una demanda de amparo para alegar la inconstitucionalidad de la Ley de Austeridad Republicana y haya ganado la suspensión definitiva o la sentencia de fondo, explica Martínez Ayala a Forbes México.
“Yo invito a Santiago Nieto a interponer el amparo para que pueda trabajar en la iniciativa privada”, dice el defensor de 5,700 servidores públicos que están en contra del candado impuesto por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
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La Ley de Austeridad Republicana establece que las personas que ocupen cargos de director general adjunto, director general, titular de unidad, subsecretario, secretario y hasta el presidente de la República no pueden trabajar en la iniciativa privada en los siguientes 10 años de haber salido del gobierno.
“El primer supuesto (que impide trabajar en la iniciativa privada) es cuando haya tenido información confidencial con motivo de su empleo y respecto de personas morales privadas que estaban sujetas a su supervisión”, comenta Martínez Ayala.
Carlos Urzúa, exsecretario de Hacienda y Crédito Público, puede trabajar en cualquier empresa privada, ya que su renuncia al gobierno de Andrés Manuel López Obrador se dio meses antes de la entrada en vigor de la Ley de Austeridad Republicana.
No obstante, Urzúa es actualmente profesor en la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey y publica todos los lunes una columna en el diario El Universal.
La Ley de Austeridad República alcanza a Arturo Herrera Gutiérrez, extitular de la Secretaría de Hacienda, quien actualmente es profesor visitante en el Centro de Estudios Económicos de El Colegio de México (Colmex).
El economista oriundo de Actopan, Hidalgo, espera además ser ratificado por el Senado de la República como gobernador del Banco de México (Banxico) a fin de año, cuando finalizará el periodo del actual gobernador, Alejandro Díaz de León.
Otra de las afectadas por el mandato de austeridad promovido por la Cuarta Transformación es Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, quien fuera titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP). Ella regresó como investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
La exsecretaria tenía en sus manos datos confidenciales cuando se desempeñaba como encargada de la agenda anticorrupción del gobierno de López Obrador.
También por ley, Adalberto Palma Gómez, expresidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), está impedido trabajar en la iniciativa privada tanto en México como el exterior.
El 26 de mayo de 2021, Palma fue nombrado como director de Desarrollo de Negocio de BEworks, una consultoría dedicada a la aplicación de la Economía del Comportamiento a los desafíos del mundo.
La consultora llegó a México, ya que han detectado una serie de oportunidades de negocio en América Latina y el Caribe.
Otros exfuncionarios que están impedidos trabajar en la iniciativa privada son Juan Pablo Graf Noriega, quien fue presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, así como Abraham Vela Dib y Carlos Noriega Curtis, expresidentes de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar).
“Durante los siguientes 10 años, estos señores de la Comisión Nacional Bancaria no podrán desempeñarse en el sector financiero privado”, indicó el abogado Rodolfo Martínez Ayala.
Javier Jiménez Espriú, quien fuera secretario de Comunicaciones y Transportes (SCT), está impedido para obtener contratos de obra pública con su empresa Grupo Idesa, porque hay un conflicto de interés, agregó el litigante.
“Es diferente ser accionista de una empresa, a ser contratado por una empresa”, señaló el socio del despacho Trusan & Roma Abogados en referencia al extitular de la SCT.
Alfonso Romo, exjefe de la Oficina de la Presidencia, tenía un cargo que no implicaba funciones de supervisión ni de regulación, expresó el defensor.
“Alfonso Romo era el titular de una área de la Oficina de la Presidencia de la República, por lo que tenía el carácter de asesor y dudo mucho haya tenido información confidencial financiera”, apuntó Martínez Ayala.
El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador premió con las embajadas a Blanca Elena Jiménez Cisneros y Josefa González Blanco Ortiz Mena, quienes fueron cesadas de la Comisión Nacional del Agua y de la Secretaría de Medio Ambiente (Semarnat).
Olga Sánchez Cordero, exsecretaria de Gobernación, continuó su carrera política en el Senado al dejar la dependencia, en tanto, Víctor Manuel Toledo, extitular de la Semarnat, está sin empleo al igual que Julio Scherer García, ex consejero jurídico de la Presidencia.
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