México continua sin abandonar el cuadro de deshonor en el Índice Global de Impunidad (IGI). En la medición presentada este año y elaborada con datos de 2019, el país se posicionó en el lugar 60, de los 69 países en los que se miden y compara la impunidad. 

El nivel de impunidad en el país está relacionado con las altas tasas de delitos homicidios  y el colapso institucional, apunta el IGI 2020, elaborado por un grupo de universidades de diverso países con base en información obtenida de las Naciones Unidas y de diversas organizaciones internacionales. 

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Para reducir los altos indices de impunidad es necesario tomar medidas urgentes, entre las que se encuentran dotar de mayores presupuestos a los sistemas de seguridad y justicia, mismos que deberán reflejarse en el aumento de capacidades humanas, infraestructura y profesionalización, advierte el reporte. 

El índice destaca que México tiene en promedio 347.76 policías por cada cien mil habitantes, en tanto que el promedio de los 69 países evaluados es de 314.86. sin embargo, hay un claro deficit de policías estatales al contar 1.02 por cada mil habitantes, cuando el estándar mínimo es de 1.8 policías. 

Respecto al número de jueces, el IGI señala que en México hay 2.17 jueces por cada 100,000 habitantes, cuando el promedio de los países evaluados es 17.83. 

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El IGI señaló que la Fiscalía General de la República (FGR) enfrenta el reto de consolidar su autonomía y sus capacidades de investigación, toda vez que hasta el momento su alcance humano y financiero son insuficientes para atender el alto número de investigaciones federales vinculadas con la delincuencia organizada y la corrupción. 

Sin embargo, los problemas más agudos de impunidad se presentan en el ámbito subnacional, detalla el informe. 

“Los gobiernos estatales son los responsables de proveer seguridad y justicia en el 85% de los casos, que son competencia de las autoridades locales. Asimismo, son todavía pocas las fiscalías estatales que se están fortaleciendo institucionalmente y que ejercen independencia funcional de los gobernadores”.

En ese sentido, el IGI 2020 señala la necesidad de mejorar las capacidades del sistema de justicia, toda vez que hasta el momento existe un acceso desigual a través de sistemas de seguridad locales y federales mal preparados. 

“Los sistemas de justicia deben tener las capacidades suficientes para atender el tamaño de denuncias no sólo por el tamaño de su población, sino por la magnitud de los fenómenos delictivos y violencia que presenten sus sociedades”. 

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También apunta a la necesidad de estimular la cultura de la legalidad, participación ciudadana y debida diligencia de las empresas.

El Indice Global de Impunidad 2020 se enfoca en medir y comparar la “cadena de impunidad” que consiste en seguir un proceso que inicia con la comisión de un delito, la capacidad de denunciar y que se investigue; hasta llegar a una sentencia o proceso de reparación de daño de la víctima. 

La Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas define a la impunidad como la inexistencia de hecho o derecho, de responsabilidad por parte de los autores de violaciones así como de responsabilidad civil, administrativa o disciplinaria, porque escapan a toda investigación con miras a su inculpación, detención, procesamiento y, en caso de ser reconocidos culpables, condena a penas apropiadas, incluso a la indemnización del daño causado a sus víctimas. 

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